Gabriel fue víctima del robo de su teléfono celular hace pocos días. Recuerda que el asalto ocurrió a bordo de un bus en la vía Perimetral, una de las más conflictivas de Guayaquil.

“Viajaba con dirección al sur de Guayaquil cuando subieron tres hombres que minutos después empezaron a robar. Nos quitaron lo que teníamos a la mano y pasaron con una bolsa llevándose todos los celulares; se llevaron al menos unos 30”.

Según el teniente coronel Fausto Martínez, jefe de la subdirección de Delitos Contra la Propiedad (Sidpro-Bac) en la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), los móviles son los objetos más sustraídos por antisociales.

Indica que la alta tasa de robo de estos artículos se debe a la demanda por personas que se dedican a repararlos o desbloquearlos para posteriormente venderlos en el mercado informal.

Esto se suma a la cultura de la ciudadanía de adquirir dispositivos de dudosa procedencia, añade Martínez. “Las personas compran teléfonos a una pequeña fracción de su precio real; obviamente saben de dónde provienen pero no le dan importancia”.

Datos de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), indican que en 2018 se registraron 315.291 denuncias de robos de teléfonos. Desde enero hasta el 18 de marzo de 2019 se denunciaron 86.165 casos.

En el caso de sufrir el robo de sus dispositivos, los perjudicados pueden comunicarse con la operadora y solicitar que el mismo y la línea telefónica sean bloqueados.

Sin embargo, esto solo supone un retraso y no un método para dejarlo inutilizable de manera permanente.

Roberto, quien trabaja en la compra y venta de estos aparatos en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, confirma que desbloquear un teléfono es una tarea sencilla.

Explica que todos los teléfonos se pueden desbloquear, incluso los iPhone, que se cree son más seguros.

Detalla que para dejar completamente operativo un equipo reportado se le modifica el IMEI (número de identificación internacional único) o la placa madre.

El proceso puede tardar de 30 minutos hasta 72 horas. “Los modelos más actuales tienen mayor seguridad; esos toman más tiempo”.

El costo de estas modificaciones oscila entre los $ 20 y  $ 250 (en los móviles de última generación).

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas que reprograman o modifican datos de terminales móviles serán sancionadas con la máxima pena de tres años de prisión.

En el mercado ilegal, los celulares se venden a entre $300 y $ 500, por ejemplo, uno de marca Samsung, que en una operadora cuesta $1.000, dice el comerciante.

El COIP también establece que la persona que guarde o venda bienes producto de hurto o robo  será sancionada con seis meses a dos años de privación de la libertad. (I)