En audiencia que se cumplió ayer a doble jornada (en la mañana y en la tarde), el juez nacional Iván Saquicela aceptó el pedido de Fiscalía y vinculó a cinco personas más a la instrucción fiscal por el denominado caso Singue.

Silvana Giselle P., Juan Francisco S., Jorge Humberto A., César Edmundo G. y Gustavo Andrés D. son los nuevos implicados.

En este caso se investiga el delito de peculado por supuestas irregularidades en la negociación para la entrega del bloque petrolero Singue al consorcio DGC.

El pasado 13 de marzo fueron vinculados el exvicepresidente Jorge G. y los exministros de Hidrocarburos Carlos P. Y. (Capaya), y de Recursos Naturales No Renovables, Wilson P.

Además: María Lorena E., Julio César C., Milton Alfonso J., José David B., Alfredo Fabián H., René Crystian De M. y Aníbal Ramiro C.

En la audiencia de formulación de cargos que se cumplió el mismo 13 de marzo, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el juez Iván Saquicela ordenó prisión preventiva para Jorge G. y Carlos P. Y.

Para los ocho restantes, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial.

En la diligencia de ayer la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de presentar alrededor de 60 elementos de convicción contra los nuevos vinculados, pidió al juez que dispusiera las  mismas medidas cautelares que los ocho últimos.

Esta decisión fue aceptada por el juez Saquicela, quien en la continuación de la audiencia, en la tarde, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación ante el juez todos los lunes, de 14:00 a 17:00.

Además, la retención de las cuentas bancarias que posean y la prohibición de enajenar bienes.

Según la Fiscalía, los nuevos cinco vinculados, inobservando la normativa legal, habrían aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.

Sobre el grado de participación, la fiscal Salazar indicó que Juan Francisco S. y Jorge Humberto A. fueron miembros del Comité de Calificación y Evaluación. Aprobaron los documentos de la oferta presentada por el Consorcio DGC.

César Edmundo G., propietario y representante de la Compañía Dygoil; Gustavo Andrés D., exsecretario de Hidrocarburos, y Silvana Giselle P., apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador, también tienen grado de participación.

Con el fallo del juez Saquicela, la fase de investigación pública o instrucción fiscal se incrementa 30 días más a partir de ayer.

Esta indagación se desprende de un informe con indicios de responsabilidad penal realizado por la Contraloría General del Estado.

Ahí se determinó irregularidades en la adjudicación del campo de crudo al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC.

De acuerdo a los registros, el Consorcio DGC fue el único oferente de la licitación iniciada en 2011, en el marco de la Décima Ronda Petrolera.

Según la Contraloría, la firma adjudicada no habría cumplido con los requisitos establecidos en las bases.

En el documento citado por la fiscal se estableció que en el proceso de adjudicación no se consideró que Dygoil, integrante del Consorcio con Genteoil, supuestamente no tenía experiencia.

El informe determina también que la tarifa de barril de petróleo se estableció en $ 33,50 sin tomar en cuenta el 100% de las reservas remanentes actualizadas y que el precio que debió ser aplicado era de $ 32,45.

Según la fiscal general, Diana Salazar, en este caso la Contraloría estableció un perjuicio para el Estado de $ 5’243.132.

Sin embargo, según una pericia contable que hizo la Fiscalía, el perjuicio sería de $ 28’479.889.  (I)