La emergencia sanitaria que vive el país desde el pasado 16 de marzo a causa del covid-19, ha sido aprovechada por funcionarios públicos y empresarios para cometer actos de corrupción que han conmocionado al país.

Son alrededor de 60 entidades públicas investigadas, la mayoría hospitales. Autoridades y personajes conocidos están implicados.

Las denuncias por sobreprecios en la compra de medicinas, insumos médicos, kits alimenticios y otros bienes, así como los contratos irregulares, son las principales anomalías investigadas. (I)

Teodoro Maldonado
En 2018 y luego a fines de 2019, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció supuestas irregularidades en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en especial en las adquisiciones de medicinas, insumos médicos y servicios.

Esto fue ratificado en marzo de 2020 en contratos que se habrían suscrito a propósito de la emergencia sanitaria, por lo que el 3 de junio fueron allanadas las instalaciones del hospital y otras dependencias. Entre ellas, la vivienda del expresidente Abdalá Bucaram, quien fue detenido por la tenencia de un arma de fuego sin documentos. Pero luego la fiscal Diana Salazar aclaró que en el domicilio de Bucaram se encontraron 2.000 pruebas rápidas de covid-19 y 5.000 mascarillas. Estos insumos tienen las mismas características que los que se vendieron con sobreprecio al hospital Teodoro Maldonado.

El perjuicio al Estado por este caso bordea los $ 12 millones, hay tres detenidos y el proceso está en instrucción fiscal. (I)

Hospital de Los Ceibos
Es uno de los primeros investigados desde marzo, pero fue el 4 de mayo cuando la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, ejecutó siete allanamientos en la provincia del Guayas, con el objetivo de recabar indicios por la compra irregular de fundas de cadáveres con posible sobreprecio. 16 personas fueron detenidas.

$ 594.000 se pretendía pagar a la empresa Silverti S.A. por las 4.000 bolsas que habían sido adquiridas a dedo, con un precio de $ 148,50 cada una, cuando en el mercado se las conseguía a $ 12.

Pero no solo eso se estaba adquiriendo a Silverti, también se compraban guantes y mascarillas, por lo que el contrato se elevó a $ 872.000.

De los 16 detenidos, 12 fueron liberados y el proceso se encuentra en la fase de instrucción fiscal, por 90 días.

Aparte de ello, se investigan las denuncias de presunto mal manejo de cadáveres y hasta cobro por la entrega de los cuerpos a los deudos. (I)

Secretaría de Riesgos
Debido a denuncias recibidas el día anterior, el 8 de mayo, personal de la Fiscalía y la Policía allanaron las instalaciones de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en Guayaquil, y otros 2 inmuebles para recabar indicios sobre un presunto sobreprecio en la compra de 7.000 kits de alimentos, por un valor de $ 1’055,740, en el contexto de la crisis sanitaria.

Por cada kit que contiene 18 productos perecibles y no perecibles, como arroz, carne, aceite, granos, panela, sal, leche en polvo, sardinas, atún, entre otros, se acordó un pago de $ 150,82, cuando cotejado con los precios en el mercado el costo sería $ 83,74.

En audiencia de formulación de cargos, realizada el 18 de mayo, pese al pedido fundamentado de prisión preventiva por parte de la Fiscalía para la extitular de la SNGR, Alexandra O., y 4 funcionarios más, la jueza Daniella Camacho les impuso medidas cautelares. Además, se dio inicio a la fase de instrucción fiscal por 90 días. (I)

Hospital de Pedernales
En marzo de este año arrancó en reserva una indagación. La Fiscalía rastreaba una presunta red de corrupción que se habría articulado alrededor del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí.

Tres meses después, tras 16 allanamientos realizados en las provincias de Manabí y Pichincha, existen 15 personas vinculadas, de las cuales 12 están con prisión preventiva y tres con medidas cautelares.

Además, corre el plazo de 90 días para que la Fiscalía profundice las investigaciones, recabe más elementos de prueba o evidencias para sustentar la acusación, que deberá hacerla en la audiencia preparatoria de juicio, cuando concluya el plazo.

La madrugada del viernes 5 de junio fueron detenidos el asambleísta Daniel M., el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo T.; Jennifer C., Tania C., Ángel A. y Olga M.

Los cinco  primeros fueron a prisión por orden del juez Marco Rodríguez. (I)

Municipio de Quito
El Cabildo quiteño no se escapa de los hechos de corrupción registrados durante la emergencia sanitaria por covid-19. En las dos últimas semanas, cuatro casos de irregularidades se han hecho públicos y la Fiscalía indaga.

El primer caso, en el que no hay detenidos, se conoció el 27 de mayo, cuando se ejecutaron cinco allanamientos por posible sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR para covid-19.

El segundo caso tiene como principal implicado a Guido A., gerente de la Empresa Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos, por $ 167.900. Guido A. y dos personas más están detenidas.

Un tercer hecho es el desvío de $ 1,3 millones de la cuenta de Epmaps hacia China y Estados Unidos; y el cuarto caso que se investiga es por presunto cobro de comisiones de hasta el 20%, para ser proveedor del hospital temporal Bicentenario. Tampoco hay detenidos. (I)

Prefectura de Guayas
Entre el 4 de abril y el 25 de mayo, la Prefectura del Guayas celebró 18 contratos por un monto de $ 5,6 millones, según información del Servicio Nacional de Compras Públicas. Varios de estos contratos han recibido cuestionamientos. Dos son parte de la investigación por tráfico de influencias que sigue la Fiscalía, en la compra de insumos médicos con sobreprecio. Un tercer contrato por 70.000 mascarillas y 5.000 pruebas rápidas tiene indicios de responsabilidad penal, tras un informe de la Contraloría General del Estado. Mientras que, en otro proceso, el proveedor sería una empresa de papel, cuyo gerente está desaparecido.

El pasado miércoles, el prefecto del Guayas, Carlos Luis M., y siete personas más fueron detenidas por presunto tráfico de influencias en las adjudicaciones durante la emergencia sanitaria. Fueron liberados, pero se les dictaron medidas cautelares, entre ellas el uso de grillete, y se inició la instrucción fiscal. (I)