Se mantiene el arresto domiciliario solicitado por 3 de 9 personas llamadas a juicio dentro del proceso Vaca, Cajas, Jarrín. 

De acuerdo a información emitida por la Fiscalía, el fallo -que estuvo a cargo de la jueza Nacional Lucy Blacio- se basó en que la defensa de los procesados no presentó nueva evidencia para cambiar la situación de legal de sus representados.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolló ayer, Galo Chiriboga, fiscal de la Nación, demostró en derecho que los documentos de arraigo laboral y los certificados médicos presentados por la defensa de los procesados, no justifican hechos nuevos respecto al caso que se investiga.

La diligencia que fue solicitada por los abogados defensores de los acusados, militares en servicio pasivo Guillermo R., Manuel D. y Mario A.

Blacio recordó que las medidas cautelares se sustituyen cuando “hay evidencia nueva que acredite hechos antes no justificados”.

Fiscalía sigue un proceso judicial por detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada calificados como crímenes de lesa humanidad.

El caso se inició en noviembre de 1985. Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin una orden judicial. Luego los trasladaron al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.

Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante 15 días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.

Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años más. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.