Por considerar que hay serios indicios de la existencia del delito de peculado, el juez nacional Iván Saquicela llamó a juicio a los 15 procesados por el caso Singue.

La resolución fue adoptada este jueves en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, en donde la Fiscalía presentó suficientes elementos de convicción que presumen la participación de los procesados.

El magistrado consideró que esos elementos sean debatidos en una audiencia de juicio, que estará a cargo de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Los llamados a juicio son: el exvicepresidente de la República, Jorge G., así como los exministros Carlos P. Y. y Wilson P. Además, Silvana P., María E., Aníbal C., Juan S., Jorge A., René D. M., Julio C., Milton J., José B., Alfredo H., César G. y Gustavo D.

En la resolución, el juez también ratificó la orden de prisión para Jorge G. y Carlos P. Y. Sobre los restantes 13 procesados dispuso la presentación periódica una vez por semana ante el secretario de la sala Penal de la CNJ y les ratificó la prohibición de salida del país.

Segundo juicio para Jorge G.

Para el exvicepresidente Jorge G. significa su segundo llamado a juicio penal por un delito relacionado con actos de corrupción.
En el primer juicio, por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, fue sentenciado a 6 años de prisión.

El 16 de octubre, un tribunal de la CNJ negó de forma unánime el recurso de casación interpuesto por el exsegundo mandatario y con ello quedó en firme la sentencia. Además, está procesado por el delito de cohecho en el caso Sobornos. La causa aún no llega a la fase de juicio.

Para el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y., es el sexto llamado a juicio por corrupción. Anteriormente fue enjuiciado y sentenciado por cohecho (5 años de cárcel), asociación ilícita (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años), peculado (10 años) y tráfico de influencias (6 años y 8 meses).

En total son 37 años y ocho meses de cárcel lo que suma en condenas hasta el momento el también exgerente de Refinación de Petroecuador.

En la audiencia de este jueves 14 de noviembre de 2019, el juez Iván Saquicela resaltó como elementos importantes presentados por Fiscalía, el examen especial de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

Además, las pericias que hablan del perjuicio para el Estado, que hasta el 30 de septiembre de 2016 llegaría a los $ 28.4 millones. Además, una pericia contable que revelaría que hubo un beneficio para la empresa que recibió la licitación.

Adjudicación es ilícita

La teoría fiscal asegura que existió un ilícito cuando la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato. Era de prestación de servicios para la exploración y explotación de petróleo crudo en el bloque Singue. Respecto a ese contrato, la Contraloría estableció en un informe emitido en agosto de 2017 que había indicios de responsabilidad penal.

En el documento indica que no procedía la adjudicación del contrato porque el consorcio DCG no cumplía con los requisitos establecidos en las bases de licitación.

El exministro Wilson P. cuestionó la resolución del juez por considerar que solo se tomó en cuenta los elementos y argumentos presentados por Fiscalía y Procuraduría. Aseguró que durante el juicio demostrará su inocencia, que actuó correctamente y que no hay delito de peculado sino un fraude financiero contable.

Paúl Ocaña, abogado de José B., y Juan Almeida, defensor de César G., negaron las acusaciones de la Fiscalía y aseguraron que no existe el delito. Dijeron que se trató de una negociación petrolera que cumplió con los aspectos técnicos y legales. Además, que el juez incurrió en un error al tomar en cuenta el informe de peritos que hacen estimaciones. (I)