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El Telégrafo
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Tres personas vinculadas fueron detenidas tras los operativos de la fiscalía realizados en quito y esmeraldas

Caso Petroecuador implica a 22 individuos

Miles de dólares fueron encontrados por agentes de la Dirección General de Inteligencia en una vivienda ubicada al norte de la capital.
Miles de dólares fueron encontrados por agentes de la Dirección General de Inteligencia en una vivienda ubicada al norte de la capital.
Foto: Cortesía Fiscalía del Estado.
12 de noviembre de 2016 - 00:00 - Redacción Justicia

La Fiscalía formuló ayer cargos en contra de Marco C., gerente de Petroecuador hasta julio de 2015;  Diego T., exsubgerente de la Refinería Esmeraldas; y Eduardo V.,  contratista de la estatal petrolera, quienes fueron detenidos durante operativos simultáneos efectuados la noche del jueves último y madrugada de ayer en Quito y Esmeraldas dentro del caso Petroecuador.    

La Dirección de Investigaciones de la Fiscalía, en coordinación con la Policía, detuvo en Quito a Marco C., y Diego T.; y en Esmeraldas a Eduardo V.
Cuando Marco C. ejercía el cargo de gerente de Petroecuador era jefe del ahora procesado y prófugo Carlos P. Y., quien se desempeñaba como gerente de refinación.  

El fiscal Franklin Bravo lideró el operativo policial en el norte de la capital, donde se allanaron dos viviendas y una papelería. En Esmeraldas se irrumpió en una casa.

En Quito, los agentes policiales y fiscales decomisaron paquetes de dinero en efectivo, dólares y euros, en fundas de papel ocultas en cajones con doble fondo, bodegas y hasta en los cielos rasos de las casas. También se descubrió más dinero en una bodega ubicada en el negocio de propiedad de Marco T., en el norte de la capital. Además, en una papelería se encontraron más de $ 300.000 ocultos en el interior de dos fotocopiadoras. Los agentes policiales y fiscales contabilizan el dinero a fin de determinar el valor exacto de lo incautado.

Los agentes de la Dirección General de Inteligencia confiscaron documentos como certificados de inversiones de bancos extranjeros y comprobantes de presuntas transferencias. También en la vivienda del arrestado, Marco C., fueron decomisados equipos electrónicos, dos cajas fuertes, dos tablets, dos discos duros, siete flash memories, tres celulares y documentos, así como cuatro autos de lujo, que estaban en el garaje del fastuoso inmueble.

Reinaldo Zambrano, abogado de Eduardo V., no se pronunciará en torno a este tema “mientras no tenga la versión en firme de la Fiscalía”.

Hasta el cierre de esta edición no se instalaba la audiencia de formulación de cargos en contra de los tres detenidos por cuanto uno de ellos debía llegar de Esmeraldas.  
Los apresados serían vinculados a los 18 procesados por el presunto delito de cohecho en Petroecuador. También podrían ser imputados por enriquecimiento ilícito, pero eso se determinará en la diligencia que se hará en las próximas horas.

Sin embargo el abogado Nicolás Salas, defensor del aprehendido Marco C., considera que el delito por el cual sería procesado su cliente es delincuencia organizada.

Aprehendido en Panamá

Junto a los tres arrestados en Quito y Esmeraldas también se vinculará en este proceso a Arturo Emilio P.D., representante legal de  MMR Group In, quien será extraditado desde Panamá, donde permanece recluido.

Arturo P. D. fue detenido el miércoles último en Panamá, por lo que la jueza Karen Matamoros pidió a la Corte Nacional de Justicia que realizara los trámites para su extradición.

El fiscal Galo Chiriboga explicó que Arturo Emilio P. D. desde su empresa MMR Group, que era contratista de Petroecuador, habría hecho transferencias a Girbra, empresa de Álex B., exgerente de la estatal petrolera. Emilio P. D. sería de nacionalidad colombiana. La empresa MMR Group In, junto a Multiservicios Valdi S.A. y Nolimit C.A. habrían sido proveedoras de Petroecuador en más de 100 contratos.

Prisión preventiva por cohecho

Dentro del caso de Petroecuador se cambiaron las medidas sustitutivas por prisión preventiva a cuatro procesados que no se reportaron con la autoridad judicial el 31 de octubre, como se había establecido.

La jueza Matamoros sustituyó la presentación periódica ante la autoridad por la prisión preventiva para cuatro procesados por cohecho en el caso Petroecuador.

El cambio de la medida alternativa fue solicitado por el fiscal del caso, Jacinto Tibanlombo, para los procesados Ramiro L., Sonia C., Yolanda P., y Carlos P. (los dos últimos hermana e hijo de Carlos P. Y., exgerente de Petroecuador), en la audiencia de revisión de medidas instalada el 7 de noviembre de 2016.

El Fiscal también pidió a la jueza oficiar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol Ecuador) para que los cuatro procesados sean incluidos en la lista roja.

Ramiro L., Sonia C., Yolanda P., y Carlos P. son cuatro de las 17 personas vinculadas en el caso por cohecho, en la audiencia realizada el 21 de octubre de 2016.    
La Fiscalía inició el proceso penal con la formulación de cargos contra Javier B., el 17 de agosto.

Carlos P. Y. está vinculado en esta investigación por los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gerente de Refinación y Gerente General de la estatal, entre el 2012 y 2015.

Gran parte de los elementos de juicio para este caso fueron obtenidos por la asistencia penal internacional solicitada por la Fiscalía a Panamá y también por un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El pedido de la asistencia penal de Ecuador también alertó a Panamá, donde se inició una investigación por presunta corrupción y blanqueo de dinero. Fue gracias a esta acción que pudieron ser incautados 4 millones de dólares de las cuentas que tenía Álex B. en dos bancos panameños.

En dicho país se pidió una investigación sobre los accionistas, representantes legales y administradores de Girbra, Capaya, Johanna Investment, Arkdale y otras, además de estados bancarios y transferencias.

Entre las personas vinculadas constan Carlos P. Y. y Álex B. (quien también enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito), Arturo E. (asesor de Álex B.) y contratistas que realizaron transferencias.

En la página web de la Interpol ya se difunde en su lista roja la imagen de Carlos P. Y. como prófugo de la justicia ecuatoriana. En el sitio se detalla la información del procesado.

El cohecho es un delito que puede ser juzgado en ausencia de los acusados y que está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se sanciona hasta con siete años de pena privativa de libertad. (I)

En una bandeja de la copiadora de una papelería de propiedad de uno de los implicados, allanada por la Fiscalía, habían sido escondidos fajos de billetes. Foto: Cortesía / Fiscalía

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La investigación inició en mayo

Chiriboga afirma que entregó toda la documentación

El fiscal del Estado, Galo Chiriboga, al referirse a las investigaciones de una supuesta red de corrupción en Petroecuador, explicó que a través de la Dirección de Investigación de la Fiscalía del Estado se obtuvieron algunas evidencias. Los agentes fiscales y de la Policía, durante la noche de jueves y madrugada de ayer, encontraron $ 300.000 en efectivo, 2 cajas fuertes y documentos que demuestran inversiones en el extranjero”.

El Fiscal señaló que toda la documentación fue presentada al juez (a) de la causa a fin de solicitar “que se ratifique la detención de los procesados, pues contamos con todos los elementos”.

La investigación de la Fiscalía ecuatoriana y su pedido de asistencia penal a Panamá alertaron a las autoridades de ese país, las cuales iniciaron investigaciones en contra de Álex B. y ordenaron que se retuvieran $ 4 millones de las cuentas de Girbra.

La Fiscalía del Estado amplió la asistencia penal y solicitó nuevas asistencias a Estados Unidos y Suiza para conocer quiénes son los beneficiarios de las cuentas identificadas, los estados bancarios y las transferencias hechas.

El 11 de mayo pasado se inició una investigación previa sobre los presuntos actos de corrupción en la Refinería de Esmeraldas. Cinco días después se detuvo a Álex B., quien  quedó procesado por presunto tráfico de influencias.

El 10 de agosto, con base en un informe de indicios de responsabilidad penal enviado por la Contraloría General del Estado, se reformularon los cargos contra Álex B. Este ciudadano pasó a ser procesado por presunto enriquecimiento ilícito, un delito  sancionado con pena de entre 7 y 10 años. (I)

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