Un ciudadano denunció, en agosto de este año, que le ofrecieron un trabajo en una institución del Estado a cambio de una elevada suma de dinero y que el trato no fue cumplido.

La denuncia derivó en una indagación previa que terminó con la aprehensión de 33 sospechosos: 31 ecuatorianos y dos extranjeros.

Esta acción se cumplió en seis provincias de Ecuador: Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua y Sucumbíos.

Ocho de los detenidos registran antecedentes penales por actos ilícitos, como robo, estafa, falsificación de firmas, actas y otros documentos, e invasión de tierras.

Entre los detenidos está José Carlos Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Él, la tarde de ayer, dio su versión en la Fiscalía de la 29 y la J, en el suburbio de Guayaquil, a donde tenían que ser trasladados todos los capturados para la audiencia de formulación de cargos.

Tuarez se dirigió a los medios de comunicación mientras caminaba por los pasillos de la Unidad Judicial. “Soy inocente, jamás he ofrecido cargos.. Persecución política”, fue lo que respondió ante las preguntas de los periodistas.

El exfuncionario vestía una camiseta blanca y un pantalón negro, como apareció en las fotografías difundidas poco después de su detención en una casa ubicada en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí.

También fue detenido, según información policial, un oficial de Policía en servicio pasivo y el exprefecto de Sucumbíos.

Delito investigado

Horas antes, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, se dio información del operativo “Emperador” ejecutado entre la noche del miércoles y madrugada de ayer.

La fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, informó que el delito investigado es el de asociación ilícita para realizar tráfico de influencias.

Este está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

“Durante la etapa preprocesal se ha recabado información suficiente. Durante la instrucción fiscal, la Fiscalía demostrará la existencia y materialidad de la infracción, así como la participación y culpabilidad de los aprehendidos”.

La funcionaria no precisó más detalles de la denuncia presentada en agosto debido a que la rueda de prensa en la que se pronunció (al mediodía de ayer) fue antes de que se realizara la audiencia de formulación de cargos.

Por el mismo motivo tampoco se refirió a los montos que los supuestos implicados cobraban.

Lo que sí mencionó fue que en una de las instituciones en la que presuntamente se ofrecían puestos era la Dirección de Aviación Civil.

Evidencias encontradas 
Ramiro Ortega, comandante de Policía de la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, indicó que en el operativo hubo 31 allanamientos, en los que participaron 33 fiscales y 257 gendarmes de diferentes unidades.

En los registros se encontraron como evidencias tres armas, 289 municiones calibre nueve milímetros, cuatro cargadores de las pistolas, dinero, documentos y cheques por altas sumas de dinero.

Durante la rueda de prensa las autoridades no confirmaron si esta supuesta red logró colocar a personas en las instituciones públicas, no si hubo más denunciantes. Sin embargo, Ortega dijo que los puestos eran de nivel gerencial.

Cobros por puesto

Henry Herrera, director nacional de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) -adjunta a la Dirección de Delitos contra la Vida (Dinased)- manifestó que la cifra cobrada por cada puestos alcanzaba los millones de dólares.

El oficial insistió en que no podía precisar valores porque el caso aún estaba en indagación previa. Hasta el cierre de esta edición no se realizaba la audiencia de formulación de cargos. (I)

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