El pasado 28 de agosto, el ministro de Justicia, Paúl Granda, se reunió con los funcionarios que trabajan en esta cartera de Estado. Afirma que hay “tranquilidad”, pero no descarta que cuando exista la definición de la estructura orgánico-funcional definitiva se evalúe a los funcionarios.

¿La Secretaría de la Política se convertirá en Ministerio de Política y Derechos Humanos y asumirá todas las competencias del Ministerio de Justicia?

Hay varios escenarios. Uno es que el ámbito de la Justicia y Derechos Humanos pase a la Secretaría de la Política. También está en discusión la terminología y el concepto de esta última. La Secretaría de la Política, que trabaja bajo los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, debería ser la Secretaría de Gobierno. Toda esta discusión  técnica, orgánica y funcional se realiza con todas las instituciones competentes del Estado.

¿A dónde pasarán las competencias de rehabilitación social de esa cartera de Estado? 

Por un lado se analiza que sean parte del Ministerio del Interior, pero este escenario estaría prácticamente eliminado, o que vayan a la Secretaría de la Política. Pero también se piensa crear un organismo especializado en administración de los centros de rehabilitación.

¿El esquema definitivo se conocerá luego del plazo de 30 días, que estipula el decreto?

Sí, en nuestro caso sí, porque discutíamos este tema hace tiempo.  La idea es que la nueva estructura orgánico-funcional se adapte a esta función del Gobierno. Tenemos la reducción de cinco puntos en el hacinamiento en los centros de rehabilitación social, eso es positivo, pero no es suficiente y con el nuevo órganico-funcional se buscará mejorar esto.

¿Tendrá un nivel de subsecretaría o viceministerio la nueva estructura para los centros de rehabilitación social?

El tema de rehabilitación social requiere extrema especialización de los centros de rehabilitación y gente lo suficientemente profesional que permita mejorar su funcionamiento. Deben cumplir su función de rehabilitar a los privados de la libertad.

Es necesario un órgano especializado, con capacidades técnicas, que puedan tener ciertos niveles de autonomía para que se maneje de manera técnica o eficiente. Puede ser un viceministerio o una secretaría. Esas figuras las   analizamos.

¿Cuánto es el monto de reducción con la eliminación del Ministerio de Justicia?

Eso depende del modelo que se adapte. El presupuesto supera los $ 100 millones. En materia de servicios, de inversión, de capacidad de ejecución del Ministerio no se perderá, sino que se potenciará y mejorará.

En la institución trabajan 3.400 personas, de ellas 1.500 son agentes de seguridad, ¿se reducirá la nómina?

De ninguna manera, porque lo técnico no es reducir el número de guías o personas que trabajan en actividades agregadoras de valor operativo, que presentan servicios. Analizamos los   beneficios económicos con la optimización de personal administrativo, pero tampoco con mucho margen. Buscamos más recursos para la inversión y no para el gasto corriente.

¿Se suprimirán dependencias judiciales, como las casas de acogida o centros de adolescentes infractores?

No. No habrá reducción en servicios de casas de acogida y centros de rehabilitación. El objetivo es darle más fuerza y atención y mejorar la capacidad de la atención de los derechos humanos.

Diferentes grupos sociales señalan que habrá retroceso de derechos con esta eliminación y se afectarán los servicios...

De ninguna manera.

El Gobierno garantiza los derechos humanos y la prestación de servicios que tienen que ver con esos derechos humanos. Vemos la optimización como una oportunidad para mejorar.

Según un informe del Ministerio de Justicia se gasta entre $ 400 y $ 500 por cada privado de la libertad, ¿dentro de las políticas de austeridad se pensará reducir estos montos?

No se reducirá en la prestación de servicios. Nuestra optimización va por la reducción del gasto corriente, bienes y servicios de consumo. Si tenemos dos o tres edificios que están alquilados y el Estado tiene edificaciones desocupadas se usarán esas y se quitará la renta mensual.

En el marco de esta reingeniería se prevén normativas como la Ley de Prevención del Delito para  disminuir, por ejemplo, la población carcelaria?

Todavía no. Llevamos 48 horas y no llegamos a la minucia de estos temas, pero seguramente algunas herramientas jurídicas ayudarán en esta labor de optimización, siempre garantizando los derechos de las personas. La optimización no afectará los derechos. (I)