Un total de 3.370 personas, entre fiscales, secretarios, asistentes, personal administrativo e incluso policías judiciales, participaron de los distintos procesos de formación que se efectuaron a nivel nacional en 2013, con la organización de la Escuela de Fiscales.

Esta institución funciona desde 1997, con el objetivo de educar y fortalecer los conocimientos jurídicos de los servidores fiscales, funcionarios y asistentes.

La malla curricular de esta unidad está diseñada desde 2012 hasta 2017, según indicó Teodoro Barros, director de la Escuela de Fiscales.

Barros explicó que las líneas más importantes del aprendizaje son la formación básica y la especializada. La educación básica abarca los derechos humanos, ética y servicio al público.

La formación especializada se relaciona “con la investigación, porque es lo que hace la fiscalía en la etapa preprocesal y procesal penal”.

Además, la instrucción incluye los delitos informáticos, trata de personas, lavado de activos y propiedad intelectual.

Para el tratamiento de estos temas, la Escuela de Fiscales tiene convenios con centros de educación superior como la Universidad Central de Quito, Católica, Universidad de Cuenca, Técnica de Ambato y Católica de Guayaquil.
Los convenios son para la formación académica de los servidores judiciales en distintas materias.

Capacitación del COIP
Uno de los mayores retos de la Escuela de Fiscales es la capacitación sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP) a los funcionarios de la institución.

Desde el 22 de marzo, que se inició el proceso, se tiene planificado capacitar a 591 fiscales, 602 secretarios y 591 asistentes en el país dentro de un período de 5 meses antes de que el COIP entre en vigencia.Los funcionarios judiciales reciben la enseñanza en 2 módulos de 40 horas de trabajo, que están divididos en 24 talleres presenciales que se dictarán solo los sábados. Y los 16 restantes son trabajos de investigación con la plataforma virtual.

Módulos
Barros explicó que el primer módulo comprende la aplicabilidad constitucional del articulado del COIP, tratados internacionales, así como las normas rectoras con sus principios e infracción penal de las nuevas y diversas tipologías delictivas.

En el segundo módulo se estudiará el procedimiento. “En esa parte, la mayoría de capacitadores serán fiscales, porque son los que están a diario con la realidad”, manifestó el funcionario.

Al final, los participantes rendirán una evaluación sobre 20 puntos y el mínimo para probar será el 70% de la prueba, es decir, 14.

Las provincias que participan en este proceso de educación son: Azuay, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Galápagos, Guayas, Pichincha, Tungurahua, Santa Elena, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En las restantes jurisdicciones el plan de capacitación se desarrollará en los próximos días.