Compromiso Social y Centro Democrático presentaron el binomio presidencial conformado por Andrés Arauz Galarza para presidente y el expresidente Rafael Correa, para la vicepresidencia de la República.

Juntos tienen prevista su presencia en los comicios electorales de 2021, en la plataforma Unión por la Esperanza (UNES), que integra a varios movimientos sociales.

El binomio se presentó oficialmente este martes 18 de agosto a través de la plataforma Zoom y retransmitido por Facebook Live.

El encuentro también sirvió para conocer la participación de otras dignidades por parte de militantes y simpatizantes del expresidente. En este espacio, Correa, a través de teleconferencia desde Bélgica, confirmó que acepta la candidatura.

Sin embargo, el panorama no es tan sencillo para el exjefe de la Nación, advirtió el constitucionalista Salim Zaidam Albuja.

El experto indicó que si bien, dentro de los estatutos de democracia interna, Arauz y Correa fueron proclamados como candidatos, el expresidente tiene asuntos pendientes con la justicia.

Uno de ellos es la sentencia de ocho años de cárcel en calidad de autor mediato del delito de cohecho pasivo propio agravado por el caso Sobornos 2012-2016.

Además fue llamado a juicio (causa que está suspensa) por delito de plagio, perpetrado en contra del exasambleísta Fernando Balda. Desde 2018, Correa tiene orden de prisión preventiva por este caso. 

Sobre el caso Sobornos, la causa llegó al recurso de casación. Lauro de la Cadena, conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fue designado por sorteo como presidente del Tribunal que conocerá el caso junto con los conjueces Milton Ávila y José Layedra.

En este expediente están procesados Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas. Con la casación se espera que las penas queden sin efecto. Es decir, la candidatura del expresidente depende de lo que se resuelva en la casación.

Zaidam Albuja indicó que en caso de que se ratifique la sentencia en esta última instancia, puede aplicarse el artículo 64 de la Constitución, que habla sobre la suspensión de derechos políticos por sentencia ejecutoriada que condena a pena privativa de libertad.

También se aplicaría el artículo 233 de la Carta Magna, el cual menciona que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), añadió que -de ratificarse la sentencia- Correa no podrá ser candidato porque atentaría contra el artículo 113 de la Constitución.

En su numeral 2, habla de que no podrán ser candidatos de elección popular "quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado".

Aguinaga añadió que no solo es cuestión de presentarse públicamente, ya que cualquier candidato debe seguir procesos de inscripción, de calificación y de impugnación que deben resolverse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En caso de que no se cumpla alguno de estos requisitos, la candidatura puede ser anulada.

Sergio Cárdenas, abogado en libre ejercicio, explicó que no es necesario esperar a conocer la resolución de la casación.

Indicó que Correa, ya tiene impedimento de ejercer la presidencia, a eso se debe sumar que el artículo 149 de la Constitución señala que aquel que ejerza la vicepresidencia "cumplirá los mismos requisitos y estará sujeto a las inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente". 

Para el abogado Erwin Romero, la posible candidatura del expresidente Correa alude a la de ética. El jurista reconoció que si bien Correa aún no tiene sentencia en firme, no debería ser tomado en cuenta porque el hecho de estar con sentencia en primera y segunda instancia, ya pone su nombre en duda.

"El Pleno del Consejo Nacional Electoral no debería tomar en cuenta a este tipo de candidatura. Primero el pueblo ecuatoriano necesita candidatos probos", expresó. (I)