La Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil monitorea la ciudad con 1.100 cámaras, mientras que el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 lo hace con 600.

Las autoridades de ambas entidades, una encabezada por el Municipio y otra por el Gobierno central, unificarán el trabajo en pro de la seguridad ciudadana.

El Plan Más Seguridad contempla el trabajo conjunto entre entidades del sector seguridad para que cada una, desde sus competencias, aporte a bajar los índices delictivos en Guayaquil, indicó la alcaldesa Cynthia Viteri.

“Tendremos tecnología de punta, botones de pánico para mujeres víctimas de violencia, megáfonos en las zonas vigiladas y nuevas cámaras en planteles educativos con mayor peligrosidad. Hemos aprobado en un principio $ 8 millones”.

Diana Salazar, fiscal general del Estado (FGE), manifestó que la videovigilancia permite tener mayores elementos para los procesos.

María Paula Romo, ministra del Interior, arguyó que con la conexión de los sistemas de videovigilancia se aprovecharán mejor los recursos.

“La velocidad y la capacidad de respuesta tienen que ver con el personal y Guayaquil tiene la mayor asignación de policías del país porque es una ciudad compleja por su tamaño y por su actividad comercial, productiva e industrial”.

Por ejemplo, mencionó que las alertas por personas bebiendo licor o consumiendo droga en la calle ocupan un gran porcentaje de llamadas a las que acude la policía. “Esa es una tarea que podrían atender los agentes municipales”.

La funcionaria manifestó que el Gobierno tiene un plan de inversión no solo para capacitar e incrementar gendarmes, sino un presupuesto para construir Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), esta última en el centro de Guayaquil.

Control de armas blancas
Romo detalló dos iniciativas para mejorar la seguridad. La primera: el control de armas blancas, con las que se cometen la mayoría de asaltos.

“La legislación no permite que la Policía las retire si no han sido usadas. Parece un problema pequeño, pero nos ayudará a controlar los delitos”.

El otro planteamiento es que los policías acusados por actividades de su función no esperen sentencias en prisión. “Tienen que responder ante  la ley, pero en libertad”.

César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que desde el legislativo se plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Entre estas, endurecer las penas  en delitos sexuales y de violencia intrafamiliar y modificar procedimientos. (I)