Semanalmente, solo en Pichincha, según certifican  los miembros de la Unidad de Control de Armas de esta provincia, alrededor de 200 armas de fuego son revisadas antes de emitir el permiso de porte y tenencia,  tanto para personas jurídicas como naturales. De cada 100, un promedio de 12 equipos no pasan las revisiones balísticas.    

 Esos mismos registros confirman que Guayas, con 9.958, y Pichincha, con 9.145, son las provincias donde más permisos para la tenencia de armas se han concedido.

Sin embargo, acceder a esas autorizaciones no resulta nada fácil, pues se requiere pasar por una serie de pruebas que certifiquen la habilitación del equipo y del portador. Las exigencias de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tienen como objetivo frenar el tráfico ilícito, que se registra mayormente en las zonas fronterizas del país.

Las autoridades explican que  el tráfico de armas de fuego es uno de los delitos más crecientes a nivel latinoamericano, siendo los principales “clientes” las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operan también en las fronteras de Ecuador y Perú.

Vendedores ilegales encuentran en la frontera ecuatoriana, en algunos sitios propensos a conflictos por  irrupciones de grupos armados, un nicho de comercialización. Este negocio ilícito provoca que al haber más armas de diverso tipo  en poder de personas no calificadas, se incrementen algunos delitos comunes, como el narcotráfico, el sicariato y el robo.  

He allí el motivo por el que han aumentado los operativos que los militares realizan constantemente, decomisando no solo armas, sino también explosivos, como dinamita, TNT, municiones de grueso calibre y accesorios.

Al igual que el control de equipos balísticos, el de explosivos se hace de manera rigurosa, pues de ese material dependen las empresas encargadas de las construcciones hidroeléctricas, de carreteras y de explotación de petróleo.

El capitán Edmundo Mora, de la Unidad de Control de Armas de Pichincha, señala que las personas naturales en su mayoría guardan sus armas en los compartimentos de los vehículos, mientras que las mafias que trafican con explosivos las ocultan en granjas y haciendas ubicadas en sectores fronterizos y alejados. Esto obliga a que los quipos de inteligencia tengan que trabajar meses para descubrirlos.  

Por ejemplo, el pasado 12 de abril los uniformados desmantelaron un taller clandestino en la provincia de Azuay, luego de 30 días de trabajo de inteligencia militar. En el lugar se fabricaba, adquiría y vendía armamento artesanal de distinto calibre. Se decomisaron 40 escopetas, 5 carabinas, 2 rifles, 11 cañones, 22 tubos metálicos,  6 culatas de madera y  varias herramientas.  

Las armas con municiones más letales son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entidades que también mantienen un estricto control de los equipos que registran las empresas de seguridad a nivel nacional.  

En su mayoría, esas compañías tienen en su poder armamento de fabricación nacional,  adquirido antes de la prohibición de fabricación, expedida en febrero de 2012. El riesgo para los empleados (guardias) de esas empresas es que las dotaciones artesanales muchas de las veces no pasan las pruebas balísticas de funcionamiento.

Las autoridades dejan en claro que si un guardia de seguridad porta un arma sin documento original que lo autorice, incurre en el delito de tenencia ilegal de armas.

El Crnel. Washington Buñay, jefe nacional de Control de Armas, explica que  a nivel sudamericano se trabaja con el sistema de “trazabilidad”, es decir se mantiene una base de datos que permite verificar y hacer seguimiento sobre dónde fue fabricado un equipo, quién lo importó y quién lo comercializó.  

Cuando se incautan por caducidad de permisos o por no presentar el documento original, el dueño tiene un plazo de 90 días para recuperarlos, de lo contrario estos pasarán a un plan de destrucción.

La Policía Judicial también entrega los equipos incautados en operativos antidelincuenciales, una vez que el juez determina que ese dispositivo no  ha sido empleado  en un hecho ilícito.    

Dos veces al año se destruyen armas. Buena parte de estas son entregadas voluntariamente, tal como lo hizo el pasado 29 de abril Nelson Bonilla, propietario de un taller artesanal en Cotopaxi, quien llevó 8 carabinas, un revólver de fabricación nacional y uno de procedencia italiana.

TENER ARMAS EN CASA O LLEVARLAS, LAS DOS OPCIONES

Según se explica en el portal www.nuestraseguridad.gob.ec del Ministerio Coordinador de Seguridad, existen dos tipos de autorizaciones en materia de armas: la tenencia, que es el derecho a la propiedad legal de un equipo que puede estar en la casa o lugar de trabajo y  ser transportado o descargado en una funda o caja en la parte trasera del vehículo con las municiones por separado, y el porte, que involucra llevar un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida.