El activista político Fernando Balda presentó ayer en la Fiscalía General, una denuncia por el delito de peculado contra el expresidente de la República Rafael Correa y siete personas más.

En la acusación de cinco páginas y 168 anexos, pide que se investigue penalmente el uso de alrededor de $ 500.000 provenientes de recursos públicos para el secuestro del que fue objeto en Bogotá, en 2012.

Balda recordó que dentro del proceso penal que se sigue en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por su presunto plagio, en el llamado a juicio que hizo la jueza Daniella Camacho, fueron admitidos como pruebas  válidas, documentos que confirmarían que se utilizaron recursos públicos para este fin.

“Se usaron dineros del Estado ecuatoriano para contratar sicarios y secuestradores en Colombia para atentar en mi contra. Esos dineros vienen de varias fuentes: la una es de la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional y la Senain”, manifestó.

Según el denunciante, se habrían gastado aproximadamente $ 237.000 en su secuestro, pero existiría otro rubro por cerca de $ 250.000 que se debería verificar su origen y gasto.

Por ello adjunta el pedido para que la Fiscalía solicite a la Contraloría del Estado realice los informes de responsabilidad penal respecto a estos dineros públicos.

A más del expresidente Rafael Correa, están denunciados los extitulares de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo y Pablo Romero; el exministro de Interior, José Serrano; Wilson Narváez Guaicha; Carolina Andrade; Iván Jarrín y Paco Silva.

Jairo Lalaleo, uno de los abogados de Balda, dijo que este delito no prescribe y se puede enjuiciar en ausencia.

Fausto Jarrín, del equipo defensor del expresidente Correa, indicó que esta nueva denuncia se caerá porque no hay suficiente sustento legal. “El juicio del supuesto secuestro aún no se ha dado, toda la documentación no ha sido validada por un tribunal que haga el juicio”.  (I)