La falsificación, venta e inscripción de títulos profesionales en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)  podría afectar en la administración de justicia del país, ya que se anularían las audiencias judiciales donde haya actuado un abogado que presuntamente obtuvo esta certificación ilícitamente.

“Si se comprueba que algún abogado con título falso participó en audiencias judiciales, estas se declararían fallidas”, anunció ayer el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, después de concluir la reunión de la Mesa de Justicia, donde autoridades judiciales y policiales analizaron varios temas y plantearon propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La semana pasada, la Policía y la Fiscalía desarticularon una organización delictiva que se dedicaba a   falsificar títulos profesionales por los que cobraban hasta $ 10.000; así como recuperaban los puntos perdidos en las licencias de conducir, entre otros delitos.

Este caso se encuentra en indagación en la Fiscalía, al igual que las personas que presuntamente se beneficiaron de actividades fraudulentas. “Estamos verificando, en el caso de que hayan actuado como abogados se generará una situación penal sobre ellos, ya que habrían incurrido en el delito de utilización de documento falso, al no ser abogados no podían intervenir”, indicó Chiriboga, quien también se refirió sobre algunas propuestas de ajustes al Código Orgánico Integral Penal.

Propuesta en Mesa de Justicia

En la Mesa de Justicia también se analizaron otras reformas al COIP que tienen que ver con el tema de violencia intrafamiliar y que se elimine el impedimento para que los casos de violencia intrafamiliar puedan ser tramitados con procedimiento directo.

El vocal de la Judicatura, Néstor Arbito, explicó que recomendaron reformar el artículo 417 del COIP respecto al plazo de prescripción de contravenciones para que sean rebajadas de 1 año a 90 días.

También se refirió a la reforma del artículo 669, que está relacionado con las atribuciones de los jueces de Garantías Penales, que tenían como responsabilidad el control y supervisión de la ejecución de la pena en  los centros de rehabilitación social.

Según el funcionario, esta tarea  podría asignarse a la Defensoría del Pueblo con la supervisión del Ministerio de Justicia.

 Arbito explicó que desean modificar el tema de las contravenciones por lesiones, el COIP contempla la presentación de una denuncia si estas no superan los 3 días de incapacidad, lo cual se procesa como una contravención, pero si excede ese tiempo debe presentarse una querella. “Por eso las víctimas de lesiones omitían presentarla y la queja quedaba en la impunidad”.

La Judicatura pretende que las lesiones de hasta 30 días se manejen con la figura de contravención y se la pueda tramitar de oficio.

No reemplazará la prisión

En esta reunión también se refirieron al uso del brazalete electrónico que empezará a operar en febrero de este año y se colocará a detenidos con boleta de apremio por deuda de alimentos.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, aclaró que este recurso no reemplazará a la prisión preventiva, “en muchos casos ha sido efectivo  para que se cumpla con las obligaciones alimenticias”.

El dispositivo asegurará que la persona no pierda su trabajo por esta causa, además se estudian otras alternativas de pago, como la de que el Estado asuma la deuda a cambio de que las personas que no tengan trabajo fijo laboren temporalmente para sus entidades, lo cual está bajo análisis. (I)