Javier Buitrón, jefe de Operaciones de Policía en Rumiñahui (Pichincha), debió viajar  a Guayaquil en más de una ocasión a las audiencias en contra de Francisco De la Cruz Cortez, alias “Negro Tuerto”, quien fue sentenciado a 35 años de reclusión  por violar y asesinar a una niña de 6 años. El oficial fue  jefe de la Brigada de Homicidios en Guayas cuando ocurrió el crimen y lideró el operativo de captura del sospechoso.

En la audiencia -el pasado 13 de noviembre- reveló que hay una grabación en la que De la Cruz confesó que fue el autor de la violación y muerte,  así como  de otros 7 delitos sexuales. La audiencia se dio porque todas las partes acudieron a la diligencia.

La sentencia fue  notificada tres semanas después. Sin embargo, no siempre es así, pues hay agentes que participaron en aprehensiones en la urbe porteña y luego son asignados a otras ciudades, lo que les complica estar físicamente presentes.

Según consta en el sitio web del Consejo de la Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec), el 50% de policías que comparecen en calidad de testigos, en los procesos que se llevan adelante en los 8 Tribunales Penales de Pichincha, trabaja en otras provincias y tiene que viajar a Quito para cumplir esas diligencias.Además, del 100% de testigos de los procesos penales, el 80% es policía y, de este grupo, alrededor del 40% trabaja en otras provincias.

Para resolver aquello, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), la Policía  y el Registro Civil tienen previsto suscribir (el lunes) un convenio interinstitucional para que los policías puedan comparecer de forma virtual en diligencias judiciales.

Fernando Yávar, vocal del CJT, puntualizó que eso reducirá la cifra  de audiencias fallidas, que todas las partes pueden acceder a este tipo de tecnología y, sobre todo, se evitarán intentos de fuga (durante el traslado de los procesados) de las diferentes cárceles a las salas de audiencia.En Quito el proyecto ya está en marcha, mientras que en otras provincias avanza rápidamente.

En Guayaquil, por ejemplo, estará activa para inicios de enero de 2013.“Reducimos los gastos y  riesgos. Además, a veces las personas perdían los casos, no por no tener la razón, sino porque no contaban con el soporte económico para cancelarles viáticos a testigos o abogados”, indicó Yávar. 

Para Javier Buitrón es importante, “ya que además de ahorrar recursos se puede optimizar el tiempo y ser eficientes en el cumplimiento de audiencias. No habría pretextos para que no se lleven a cabo. Los policías deben ir de un lugar a otro, muchas de las veces en trayectos largos y a veces por falta de otros testigos se suspende el trámite”.Gabriel Noboa, del Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas, indicó que el sistema ayudará, además, a que  los afectados no sean revictimizados cuando tengan que declarar contra sus agresores en las audiencias de juzgamiento, sobre todo en casos de delitos sexuales, dijo.

“Esto ayudará a bajar los índices de impunidad, porque mucha gente no quiere ir a las audiencias ya que le da miedo verse cara a cara con los delincuentes”, señaló. Reos serán llevados por túnelFernando Yávar, vocal del CJT, anunció el jueves pasado que se construirá un túnel que conecte a la Penitenciaría del Litoral con un centro de detención provisional (CDP) que se  habilitará en el nuevo complejo judicial, ubicado frente al recinto carcelario, en el km   16 1/2 de la vía a Daule, desde febrero de 2013El objetivo es que los detenidos no tengan que cruzar la vía en otros vehículos, lo que significa riesgos.

 “Evitaremos así que los reos viajen por toda la ciudad”, señaló. El anuncio se sumó al de la   creación del complejo judicial penal, con un presupuesto de 30 millones de dólares, que albergará juzgados y tribunales penales;   Fiscalía y Defensoría Pública; y el CDP,  que  tiene como finalidad  que los presos estén en el sitio mientras esperan el inicio de las audiencias.