Se desarrolla audiencia de nulidad por el caso de lesa humanidad
La audiencia de nulidad al llamado a juicio interpuesta por 8 de los acusados por cometer delitos de lesa humanidad en contra de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, en 1985, durante el gobierno de León Febres Cordero, inició esta mañana y al momento los abogados defensores continúan exponiendo sus argumentos para que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acepte el recurso jurídico.
Antes de las 8:30 varios simpatizantes del grupo Alfaro Vive Carajo, al que pertenecieron las víctimas de este proceso, llegaron con pancartas y colgaron camisetas blancas y rojas frente al edificio de la Corte para simbolizar el hecho de que sus compañeros fueron torturados, agredidos sexualmente y desaparecidos, durante ese periodo socialcristiano, donde según la Fiscalía se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, mencionó que el proceso inició el pasado 1 de octubre del 2013 por lo que las medidas cautelares de arresto domiciliario contra 5 de los implicados, así como la prisión preventiva emitida contra el excoronel Fernando R. y el excomandante de Policía, Edgar V., caducarán en dos semanas, por lo que espera que esta audiencia sea resuelta lo más pronto posible y en caso de que no sean aceptados los recursos de nulidad, puedan avanzar a la etapa de juicio y se fije una fecha para su inicio.
En el caso del general de policía Edgar V., quien sigue prófugo en Estados Unidos a la espera de un proceso de deportación- señalado para mayo del 2015-, la orden de prisión preventiva se mantendrá, ya que según el abogado juan Pablo Albán, patrocinador de las víctimas, esa media cautelar podría caducar únicamente si la boleta de detención se hubiera hecho efectiva. “El año se cuenta desde que al persona es arrestada”, dijo.
Susana Cajas, quien llegó temprano a la sala de audiencias, indicó que está pendiente del proceso que no se instauró en contra de las Fuerzas Armadas, sino de los funcionarios que en un momento determinado cometieron delitos de lesa humanidad. “Lo único que espero es justicia para que estos hechos nunca más vuelvan a suceder”.
La diligencia continuó con las intervenciones de los abogados que coincidieron en señalar que las infracciones de las que se acusa no estaban tipificadas en las leyes vigentes en ese tiempo, a lo que el fiscal respondió que los delitos de lesa humanidad están tipificados en el derecho internacional y el estatuto de Roma, del cual Ecuador es signatario.
El abogado Mario Granja, defensor del exgeneral Manuel D., quien se desempeñó como jefe del Departamento de Inteligencia del Ejército, desde octubre de 1987, no cometió ningún delito y que fue el que gestionó la libertad de Luis Vaca una vez que supo que estaba detenido en el cuartel de Agrupación de Inteligencia Militar (AEIM), para lo que comunicó el hecho al órgano superior hasta que autorizaron la libertad, la misma que se efectuó el 19 de marzo de 1988, además reclamó que no se implicó en esta caso al anterior jefe de esa unidad por lo que existiría discriminación por parte de la Fiscalía en este proceso.
El fiscal Chiriboga dijo que el oficial mencionado no fue sindicado en el caso, porque demostró que en ese tiempo fue encargado temporalmente de ese departamento por menos de 3 meses y cumplió funciones netamente administrativas por lo que no pudieron recoger suficiente elementos de convicción para implicarlo.
La audiencia fue interrumpida cerca del mediodía para que un médico atienda al Fiscal de la Nación que al parecer sufrió de una fiebre súbita, pero a los pocos minutos regresó a la sala para seguir con la audiencia que fue suspendida por el tribunal compuesto por los jueces nacionales Gladys Terán, Paul Iñiguez y el juez Ponente Vicente Robalino hasta las 14:30, para continuar con las exposiciones de los 4 abogados restantes que faltan por intervenir.
El proceso pasó a etapa de juzgamiento, una vez que la jueza nacional Lucy Blacio luego de escuchar el dictamen fiscal, así como las objeciones de la defensa de los implicados, decidió llamar a juicio.
La decisión fue impugnada por los acusados entre los que se encuentran: Luis P., exministro de Defensa del gobierno de Febres-Cordero; Jorge A., exministro de Defensa del mismo gobierno; Manuel D., exdirector de Inteligencia; Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AEIM) de Conocoto; Mario A., exdirector del AEIM; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); Guillermo R., exdirector del SIQ; Fernando R., exmédico de la AIM; el excoronel Juan V., y a Édgar V., exjefe del SIC 10 y excomandante de Policía, actualmente prófugo en EE UU.
De los anotados 8 presentaron un recurso de nulidad al llamado a juicio.
