De un total de 3.740 armas con anomalías (no aptas) que fueron incautadas por la Unidad Técnica de Control de la Policía a nivel nacional, 3.538 (95%) pertenecen a las empresas de seguridad privada y  tan solo 202 a personas naturales.

Según las estadísticas del proceso de recalificación de permisos de armas, entre las principales causas por las que fueron incautadas constan las series duplicadas o clonadas, los números de series identificativos adulterados o remarcados, armas artesanales con acuñamientos de armas industriales y mala aptitud en el disparo.

El informe, elaborado por el Ministerio del Interior y que comprende el período del 15 de septiembre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2011, señala que Guayas registra el mayor número de incautaciones con 1.762 armas (1.683 a compañías de seguridad y 79 a personas naturales), seguida por la provincia de Pichincha con 1.755 armas (1.671 y 84, en el mismo orden). En el resto del país se dieron 223 incautaciones.  

La incautación del armamento, el mismo que debe ser destruido,   de acuerdo al reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el cual   autoriza  la baja del material una vez que hayan transcurrido  90 días del decomiso, es parte del resultado de los controles a las compañías de seguridad  que operan al margen de la ley.

La medida fue anunciada por Leonardo Berrezueta, viceministro del Interior, luego de que  el pasado 31 de agosto venciera el último plazo  para que las empresas dedicadas a esta actividad  cumplieran con las normas del   Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

Galo Estrella, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad e Investigación (ANESI), manifestó que muchas de las irregularidades encontradas por las autoridades en armas nacionales proceden de las mismas fábricas de donde fueron adquiridas -muchas de ellas asentadas en la provincia de Bolívar- puesto que las series y numeraciones en el armamento fueron  grabadas en esos talleres.

Relató que ha constatado casos en los que una compañía de seguridad presenta para el trámite de recalificación  una o dos armas con determinada serie, y se encuentra con la novedad de que dos o tres empresas más tienen armas con la misma numeración y, lo más curioso, adquiridas al mismo fabricante.

“Debe prohibirse la fabricación de armas artesanales porque no cumplen con el control de calidad ni los estándares internaciones”, relató.

En otro caso, Berrezueta citó el caso registrado el  pasado 24 de julio, cuando  en una compañía de seguridad -que fue clausurada por no contar con permiso de funcionamiento- las autoridades incautaron más de 800 armas de fuego, municiones, cartuchos, así como  gas de mano, pertrechos, chalecos, uniformes, botas  y cintos.

Equipos de Criminalística  y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se encargaron de verificar los datos y el estado de las armas.

Según información de la Unidad Técnica de Control de Armas, las personas jurídicas y empresas de seguridad privada documentaron 31 mil armas, de las cuales solo 27.208 están habilitadas para su funcionamiento y 347 están en trámite.

Mientras que la Policía examinó 23 mil, es decir, registraron 8 mil armas más que la Policía en los dos últimos años.