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En el centro de rehabilitación regional de guayas se efectúan hasta 4 diligencias por videoconferencia

Área de máxima seguridad tendrá salas para audiencias virtuales

Un monitor, una cámara, dispositivo para la conexión, control remoto y un teléfono conforman el sistema. Foto: Carina Acosta/El Telégrafo
Un monitor, una cámara, dispositivo para la conexión, control remoto y un teléfono conforman el sistema. Foto: Carina Acosta/El Telégrafo
06 de agosto de 2014 - 00:00 - Karla Naranjo Álvarez

David está sentado frente a una pantalla en la que aparecen 3 ventanas con imágenes diferentes. En la primera, de izquierda a derecha, se ve su rostro; en la segunda, el de otro individuo y en la tercera, una sala de audiencia con los miembros del Tribunal, fiscales, defensores, testigos y otras partes.

Son las 16:00 e iniciará una audiencia virtual por delito contra la vida. Este sistema de videoconferencias, que permite escuchar y observar en tiempo real lo que ocurre dentro de las salas en los complejos judiciales y en las adecuadas en las cárceles (en edificios fuera de los pabellones) empezó a funcionar desde febrero de 2014.

David está acompañado de los coordinadores de audiencias y sistemas y un agente del Grupo Especial Alfa (GEA). Él es un interno de la nueva cárcel del Guayas, en el km 17,5 de la vía a Daule. El otro hombre, de quien no se conoció la identidad, tiene relación con el mismo caso, pero está preso en el reclusorio de Latacunga (Cotopaxi), donde también está instalado el sistema.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), anunció que se instalarán otros equipos de videoconferencia, principalmente donde hay más demanda, como Quito, Guayaquil y Cuenca.

Se conoció que existe un proyecto para instalar los equipos en salas de los pabellones considerados de máxima seguridad y máxima especial de los nuevos reclusorios.

Abelardo Albornoz, director de gestión procesal del CJ, informó que en Guayas hay 2 salas de videoconferencia en la nueva cárcel, 2 en la Penitenciaría del Litoral de varones y una en la de mujeres. Dentro de la ciudad, estas se conectan con los complejos judiciales de La Florida, Albán Borja y Corte Provincial.

En el penal del Guayas se realizan hasta 4 diligencias diarias en las habitaciones iluminadas y con acondicionador de aire. Hasta el 15 de julio hubo 58 audiencias virtuales.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, sostuvo que “con esto garantizamos seguridad al no trasladar a los privados de libertad. En muchas ocasiones se registraron fugas o intentos de evasión en estas salidas”.

Un coordinador de las diligencias en la Regional Guayas mencionó que los miembros de los tribunales solicitan mediante oficio que se ejecute el procedimiento virtualmente, y que ellos como coordinadores también pueden gestionarlo por causas de seguridad. Todo con al menos 8 días de anticipación. La semana pasada en ese recinto había diligencias programadas hasta el 26 de agosto. “Así podemos probar que el sistema funciona correctamente”, indicó el funcionario.

Agregó que además de las audiencias, se toman versiones. También se conectan con ciudades donde tienen instalados los equipos, como Portoviejo, Manta (en la provincia de Manabí), Quito (Pichincha), Santa Elena (Santa Elena), Latacunga (Cotopaxi) y en la provincia de Orellana.

Nuevo COIP

En el artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entra en vigencia el 10 de agosto, se establece que previa autorización de la o el juzgador, la diligencia puede ser a través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes.

El inciso precisa reglas como que el dispositivo de comunicación permita a la o al juzgador observar y establecer comunicación oral y simultánea con las partes. También que se permita que el procesado converse en privado con su defensa.

Asimismo, que la o el juzgador adopte las medidas que sean indispensables para garantizar el derecho a la defensa y el principio de contradicción. Estas audiencias podrán ser presenciadas por el público, excepto en los casos que exista una medida de restricción a la publicidad.

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