Amparándose en que las actividades de seguridad  son responsabilidad del Estado, a través del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coesc), el Gobierno creará dos entes  que, junto a la Policía Nacional, intervendrán en un nivel operativo: el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público.

La estructura del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo el 30 de septiembre de 2011 en la Asamblea, comprende dos libros, en donde de manera articulada se determinan las competencias específicas. En gran parte de las 119 páginas se recalca el enfoque preventivo, comunitario y de investigación que deben tener la Policía y las entidades a crearse.

DATOS

La reforma constitucional de 2008 trascendió a la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia, ordenando una alineación de las capacidades del Estado, pues estableció como deber primordial garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

La misma Constitución de 2008 establece que el poder político retomará y mantendrá la dirección de la institución policial, debido a su importancia estratégica.

En el oficio mediante el cual el Mandatario hizo llegar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, el 30 de septiembre de 2011, dice: “La seguridad ciudadana, protección interna y orden público son pilares fundamentales de la democracia, del Estado Constitucional de derechos y justicia, y del Buen Vivir”.

La socialización del proyecto inició tras la presentación del proyecto. Se lo ha  hecho  al interior de destacamentos de la Policía, mientras que la comisión legislativa de la Asamblea ha  receptado los criterios de las organizaciones ciudadanas.

Por ejemplo, el 13 de junio de 2012, en el club de clases  de Portoviejo (Manabí), 1.373 miembros de la Policía Nacional fueron capacitados con el proyecto.

En la socialización se les explica a los gendarmes que con el Coesc se busca estructurar a la Policía Nacional en subsistemas que respondan a la dinámica social, profesionalizando y especializando al personal en investigación y prevención, de tal manera que se cuente con una institución más cercana a la comunidad.

También se les ha explicado que se busca establecer una formación policial en la que primen los derechos humanos principios y garantías constitucionales y de seguridad pública.

Carina Argüello, asesora del despacho del Ministerio del Interior y quien ha dictado algunos de los talleres de socialización del Coesc entre los policías, expresó que, hasta hace varios meses, más del 62,67% de los miembros de la Policía Nacional se capacitaron en todo el paísSe propone conformar el Servicio Civil de Investigación de la Infracción como apoyo profesional en los procesos judiciales, para garantizar el acceso a la justicia, la no impunidad y para precautelar la seguridad ciudadana. Mientras, el Servicio de Protección Público tendrá la finalidad de responder a la seguridad de las personas que, en razón de sus funciones, requieran resguardo para asegurar el pleno ejercicio de la autoridad legitimada (ver subnota).

La máxima autoridad de las tres instituciones será el Presidente de la República. Deberá trabajar sobre la base de: eficiencia y eficacia, probidad, igualdad, diligencia, imparcialidad, discreción, participación ciudadana y equidad de género.

En ese sentido, el numeral 10 del artículo 4 estipula: “Ejercerá sus funciones con sujeción a las leyes que regulan sus derechos y obligaciones, a un sistema de ascensos y promociones basado en los méritos, con criterios de equidad e igualdad y no discriminación, estabilidad y profesionalización, promoviendo la igualdad de oportunidades de los servidores y  de las instituciones referidas”, que son la Policía Nacional, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público.

Garantiza la seguridad social

Los niveles jerárquicos de cada uno de esos entes serán: conducción y mando, mando intermedio y supervisión operativa,  ejecución operativa y  nivel de formación.

Sobre la evaluación de desempeño y gestión de los servidores policiales o civiles, el artículo 22 del Coesc indica que es un proceso integral y permanente de los resultados de su gestión, y de sus cualidades profesionales, intelectuales, disciplinarias, físicas y personales, demostradas en el ejercicio de su cargo y nivel al que ha sido designado, para fines de clasificación, ascenso, desvinculación y empleo racionalizado del talento humano.

La formación de los aspirantes a servidores o servidoras policiales o civiles de las instituciones será gratuita, subvencionada por el Estado, lo que estará contemplado en el presupuesto anual del órgano competente responsable de la gestión financiera de esas instituciones.

En la segunda disposición general del proyecto legal, asimismo, se determina que “la seguridad social de los servidores policiales estará a cargo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que se regulará por su propia ley y reglamentos”. En el caso de los servidores civiles de Investigación y de Servicio de Protección Público, se aplicará la ley que regula la materia de seguro social general.

El artículo 133 del Coesc dice que el Servicio Civil de Investigación, que estará regido por un director general, será una entidad dependiente del Ministerio del Interior y cumplirá la investigación bajo la dirección jurídica de la Fiscalía, pero “sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin que exista la instrucción particular de Fiscalía”.

El director general de este organismo será designado por el Ministro del Interior, previa aprobación del Presidente de la República.

La socialización del proyecto inició tras su presentación en la Asamblea, el 30 de septiembre de 2011Será una entidad de carácter civil, profesional, jerarquizada (ver infografía), obediente, no deliberante, técnica y científica, regida sobre la base de méritos y con criterios de igualdad y no discriminación, profesional y altamente especializada, integrada por servidores o servidoras civiles.

El artículo 140 del proyecto de ley estipula las funciones de esta entidad a crearse, entre las que constan: ejecutar planes, programas y proyectos elaborados por el Ministerio del Interior en el ámbito de su competencia; coordinar su actuación con los órganos de la Función Judicial en el ámbito de sus competencias, en especial cooperación con la administración de justicia con la Fiscalía; investigar el cometimiento de una infracción penal; investigar el crimen organizado nacional y transnacional en el ámbito de su competencia; garantizar la cadena de custodia, vestigios y los elementos materiales de la infracción en la escena del delito; y las demás funciones asignadas en la Constitución y leyes de la República.

NUEVA ENTIDAD PARA PREVENIR Y NEUTRALIZAR

El proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coesc) contiene 192 artículos, 8 disposiciones generales, 16 transitorias y una disposición final. A partir del artículo 161 se refiere a cómo estará integrado, sus facultades y el ámbito de acción de lo que será el Servicio de Protección Público (SPP).

La normativa, que el 16 de julio pasado superó el primer debate en la Asamblea Nacional, señala que la protección para dignatarios y dignatarias es un servicio público, dirigido a prevenir y neutralizar cualquier acción que pretenda atentar contra la integridad de autoridades, funcionarios públicos o personas relevantes ecuatorianas y extranjeras que visiten el país.

Esta será una entidad  especializada, jerarquizada, civil, armada, dependiente del Ministerio del Interior para la ejecución operativa de su tarea.

Para garantizar la eficiencia de la gestión de sus procedimientos, deberá coordinar con las demás autoridades competentes, a través del director general del Servicio de Protección Público, quien será designado por el ministro del Interior, previa aprobación del Presidente de la República.

EL OBJETIVO: MEJORAR NIVEL DE CONFIANZA

“Buscamos un proceso de transformación y de profundización del fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y de los entes de seguridad ciudadana. Nuestra mayor responsabilidad es lograr que la fuerza del orden sea la instancia pública de mayor confianza para los ecuatorianos”, ha repetido el ministro del Interior, José Serrano, respecto a los cambios que se buscan, una vez que entre a regir el proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coesc).

La credibilidad de la Policía Nacional en el país alcanza el 50%, según las  evaluaciones realizadas respecto al desempeño policial por organismos no gubernamentales, como Corporación Latinobarómetro o Transparencia Internacional, publicadas entre mayo de 2012 y julio de 2013, respectivamente.

Gracias a los cambios que se han realizado en la institución del orden por parte del Gobierno, tras la revuelta del 30 de septiembre de 2010, el grado de credibilidad en la Policía se ubica en el segundo lugar en América Latina, con  el 50% -solo después de Uruguay (53%)- de aceptación.