Los familiares de Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega emitirán desde la Plaza Grande, en Quito, un pronunciamiento sobre la situación legal del caso de los comunicadores que murieron en manos de terroristas.

 Ecuador recuerda este martes 26 de marzo de 2019, con muchas incógnitas aún abiertas, el primer aniversario del secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio.

Rivas, Segarra y Ortega viajaron hacia la frontera con Colombia para informar sobre la situación que vivían los habitantes, luego de varios enfrentamientos con grupos armados, que pertenecían a la desintegrada FARC.

Tras pasar un control de seguridad en territorio ecuatoriano y de llegar a Mataje, fueron capturados y trasladados a territorio colombiano, según versiones de autoridades del Gobierno.

El 26 de marzo de 2018, Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, líder del Frente Óliver Sinisterra (abatido ocho meses después), asumió el secuestro de los ecuatorianos.

Desde la sociedad civil y los gremios de periodistas se organizaron para realizar plantones y marchas en diferentes puntos del país, en rechazo del secuestro, para exigir libertad de prensa y el inmediato regreso de los comunicadores. 

El 13 de abril, el presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato de los tres trabajadores, iniciando un largo trecho hasta la localización y recuperación de los cadáveres que se concretó el 27 de junio.

Luego de 93 días de incertidumbre, los cuerpos de los tres trabajadores del medio de prensa escrita llegaron a Quito en un vuelo directo desde Cali (Colombia).

“Hay que acudir a todos los niveles de justicia. Y llegar a la sanción de cómplices, autores materiales, intelectuales y a todas aquellas acciones o inacciones del Estado”, expresó Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas.

Mientras que Cristian, hijo de Segarra, reiteró que “la muerte de los tres familiares no debe quedar en la impunidad”.

En medio del dolor de los deudos empezaron varias diligencias para descubrir los motivos por los cuales no se llegó a una negociación efectiva para traer de vuelta a los tres empleados del medio de comunicación.

Los periodista María Belén Arroyo y Arturo Torres, que publicaron el libro Rehenes reconocieron que no esperaban “el desenlace de un asesinato a sangre fría”.

Los autores de la publicación destacaron entre otros factores la falta de información de Inteligencia que permitiera al Gobierno ecuatoriano afrontar la situación, descoordinación entre organismos, la ausencia de ministros cualificados en las carteras relevantes, y también el que "se siguieran haciendo operaciones militares" cuando en teoría se negociaba.

El trágico asesinato representó la renuncia para los ministros del Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano.

Navas negó a los autores de la publicación que supo de las operaciones, lo que abrió nuevos interrogantes sobre el grado de coordinación entre el Gobierno en Quito y las fuerzas en la frontera, o incluso si había intereses creados vinculados al narcotráfico.

Según la publicación, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tampoco ha conseguido aclarar los hechos, y en sus sesiones han aflorado versiones discrepantes entre los gobiernos de Ecuador y Colombia.

Por lo pronto, los familiares de los periodistas asesinados continúan en búsqueda de la verdad. Desde la sociedad civil se organizan otros actos en honor a las víctimas fallecidas. (I)