La mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas en América Latina están en el más bajo nivel de la cadena del crimen organizado. Son pequeñas vendedoras, ‘correos humanos’ o transportadoras.

En Ecuador, según un reporte del Ministerio de Justicia, hasta septiembre de 2015 había 1.626 mujeres en los Centros de Rehabilitación Social (CRS). De estas, 656 lo están por delitos relacionados con las drogas, es decir más del 40%.

Expertos en las áreas de género, derechos humanos y políticas de drogas, que trabajan en los gobiernos, la academia o que son representantes de la sociedad civil en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Reino Unido y Uruguay prepararon un documento denominado: “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”. Es una guía para reformar políticas en América Latina y el Caribe.

La problemática que plantearon fue que las mujeres de las Américas están siendo encarceladas por estos delitos a un ritmo alarmante. En Argentina, Brasil y Costa Rica más del 60% de la población carcelaria femenina cometió esos delitos. Así consta en el documento publicado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, De Justicia y la Washington Office on Latin America.

“Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, la prisión suele empeorar la situación. El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades”, agrega el documento.

Referida legislación de Ecuador

En el documento se menciona como experiencia de referencia que en agosto de 2014 Ecuador implementó el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se redujeron notablemente las sentencias para infracciones de poca monta relacionadas con drogas. Dado que el nuevo marco jurídico pudo ser aplicado retroactivamente, en el primer año de su implementación más de 2.700 personas fueron liberadas de las cárceles ecuatorianas. Además, otras personas recibieron sentencias menos severas. En el caso de las mujeres, el porcentaje de ellas en prisión por delitos de drogas bajó de 80% a 43%. Eso fue un claro ejemplo de cómo una reforma legislativa podría tener un impacto positivo.

Prevención con enfoque de género

Para Ricardo Loor Solórzano, líder de prevención de la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) en la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón (Guayas), no se pueden tratar estos casos de la misma forma en hombres y mujeres. Indicó que el trabajo de la institución creada en enero de 2016 está basado en 3 ejes:  la prevención para el uso y consumo de droga, la prevención del delito con énfasis en el microtráfico y la atención integral.

“La prevención del delito la vamos a impulsar y se considerarán puntos específicos en género porque muchas mujeres son reclutadas para el tráfico como mulas o son engañadas por amor. No hay una prevención, no hay programas que les adviertan, que les presenten otras alternativas para no caer en ese delito. Estamos elaborando un plan estratégico y se tomarán en cuenta estas realidades”, precisó.

Reiteró que el trabajo de prevención y tratamiento debe ser diferente según el género y lamentó, por ejemplo, que en Guayaquil no haya centros estatales para tratar a mujeres adultas ni adolescentes, pero sí hay 2 para varones. “Ahí vemos una inequidad que debe corregirse, vamos a analizar la compra de servicios de centros privados para atenderlas. Pues, ¿qué le queda a la familia?, meterlas en centros ilegales, mezcladas con hombres, adolescentes y adultos y esto puede generar abusos, acosos o violaciones”.  Loor indicó que “es más difícil para la familia reconocer que la mujer es adicta”.

Mujeres seducen  para que otros consuman droga

Darwin Sangoquiza, jefe de la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (UCTCI) de la Zona 8, sostuvo que además las féminas son usadas para ingresar estupefacientes en sus partes íntimas en los Centros de Rehabilitación Social. “También son utilizadas en centros nocturnos o en barrios y -a través de la seducción- ofrecen droga con la intención de que las personas se vuelvan adictas. Hay mujeres que ayudan a sus esposos, sus hermanos; por ejemplo, van en los carros para despistar a los policías”.

Añadió que sí hay jóvenes o adultas que son presionadas por organizaciones delictivas para dedicarse al microtráfico. “Es un compromiso desmantelar a esas bandas”.  

En la guía consta que es urgente revisar las políticas para que sean más incluyentes, que no se criminalice el consumo, que haya proporcionalidad de la pena; así como indultos, amnistías, conmutación de la pena o reducciones retroactivas de la misma. También pide eliminar la prisión preventiva en delitos de drogas; no usar esta medida cautelar para mujeres embarazadas o con personas dependientes (hijos, adultos mayores y personas con discapacidad), no penalizar a mujeres usadas en los campos para los consumos. Recomienda crear programas de inclusión social. Además propone nombrar a un ministro de Gobierno con la responsabilidad de salvaguardar los intereses de los hijos de las personas encarceladas. (I)