Un nuevo caso de corrupción investiga la Fiscalía General del Estado por un supuesto delito de concusión. Así lo aclaró la institución en un comunicado oficial.

Los primeros en ser indagados por este caso fueron Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, exfuncionarios de Rafael Correa.

Esto por una orden judicial que dispuso a la Policía las detenciones, las que se cumplieron la mañana de ayer en Guayaquil, cuando Mera y Duarte estaban en la calle.

Mera paseaba a su perro y subió al patrullero con el can.

Duarte desempeñó los cargos de ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre el 15 de enero de 2007 y febrero de 2009. Luego pasó a la cartera de Inclusión Económica y Social (MIES), de junio de 2009 a abril de 2010.

Desde la última fecha cumplió la función de titular en la secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas.

También fue directora provincial de Alianza PAIS y candidata a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil.

“En ningún momento durante mi gestión, como funcionaria pública y al frente de diferentes ministerios, se contrató con la empresa Odebrecht; tampoco gestioné la obtención de fondos  para las campañas electorales”, dijo Duarte el 15 de mayo pasado.

Alexis Mera cumplió desde el año 2010 funciones de asesor jurídico de la presidencia del régimen correísta.

“Ahora las funciones de control son independientes, cada una actúa sin que la función Ejecutiva intervenga. Dejemos que la justicia haga lo suyo”, contestó a la prensa  el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando fue interrogado sobre las detenciones de Duarte y Mera.

El Mandatario estuvo en Daule, provincia del Guayas, celebrando el Día del Niño.

El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y lo cometen las o los servidores públicos que, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.

La sanción es pena privativa de libertad de tres a cinco años; y si se realiza con violencia o amenazas aumenta hasta siete años.

Tras la detención, los exfuncionarios fueron trasladados vía terrestre a la ciudad de Quito, a donde se esperaba que llegaran aproximadamente a las 23:00 de ayer, para de inmediato enfrentar la audiencia de formulación de cargos. (I)