El exhombre fuerte del gobierno anterior, Alexis M., quien manejó las leyes de la “revolución ciudadana”, representó al expresidente Rafael Correa en las cortes y se encargó por 10 años del tema jurídico presidencial, atraviesa uno de los peores momentos de su vida.

A los dos años siete días de haber culminado sus funciones, el exsecretario jurídico de la Presidencia fue detenido y actualmente se encuentra en prisión.

Esto a causa del denominado caso Arroz Verde, investigación que empezó la Fiscalía tras la publicación de un reportaje de los portales La Fuente y Mil Hojas, en el que se señala que empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, habrían realizado aportes a la campaña presidencial y de otras dignidades de Alianza PAIS (AP) entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.

Alexis M., de 53 años, es uno de los investigados en esta causa. Se presume que habría participado en el delito de concusión, aunque él lo ha negado.

Cuatro investigaciones más
Pero no es el único proceso de investigación fiscal que enfrenta el exalto funcionario, quien según el jurista Patricio Estévez, nunca se imaginó que iba a ser detenido porque se “consideraba un hombre con poder”.

En la Fiscalía están abiertas cuatro indagaciones adicionales a la de Arroz Verde contra Alexis M., las cuales se desarrollan en reserva.

La primera es a consecuencia de la denuncia que el 16 de noviembre de 2017, el capitán Edwin Ortega presentó por el delito de odio contra el expresidente Rafael Correa y otros siete exfuncionarios y miembros de la Armada del Ecuador.

Entre ellos se encuentra el exsecretario jurídico por haber sido parte de la persecución disciplinaria y política que sufrió el oficial durante 2016 y que ocasionó el fin de su carrera militar y su proyecto de vida.

La segunda indagación abierta en la Fiscalía es por la denuncia presentada por el activista político Fernando Villavicencio, el 22 de noviembre del año pasado.

Él acusa a 46 funcionarios del gobierno anterior, entre ellos a Alexis M., por el presunto cometimiento del delito de robo calificado.

Según Villavicencio, en el allanamiento que se realizó a su domicilio el 26 de diciembre de 2013, el cual habría sido ordenado directamente por el exmandatario Correa, se dio un robo de información de sus computadoras.

La tercera indagación contra el exfuncionario es por la concesión del puerto de aguas profundas de Posorja, denuncia presentada en febrero de este año por el médico Carlos Figueroa.

La investigación dispuesta por la exfiscal general (e) Ruth Palacios, es por el presunto tráfico de influencias.

En la denuncia penal, de 29 páginas, se pide investigar a 24 personas. Entre ellas al expresidente de la República Rafael Correa y al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.

Luis Fernández, abogado de Figueroa, manifestó que en este caso también existen indicios de otros delitos como peculado, concusión y enriquecimiento ilícito.

Agrega que Juan Carlos Tarré, quien sería socio de Alexis M., habría recibido un depósito de medio millón de dólares que no tendría justificación.

El cuarto proceso investigativo es a causa de la denuncia presentada por el político César Montúfar, el 5 de marzo de 2018.

Acusa del presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada a Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis M., José Serrano, Diego García, Carlos Pólit, Carlos Baca, Galo Chiriboga y Sadinoel de Freitas.

Explicó que la denuncia se basa en la premisa de que la corrupción durante el gobierno de Correa dejó de ser un hecho aislado y se transformó en un esquema de corrupción institucionalizada.

“Fue desde la cúpula del Estado desde donde se organizó un esquema de corrupción, modificando leyes, firmando decretos, cambiando instituciones, nombrando a personas de confianza para que manejen los sectores estratégicos”, dijo.

Recordó que entre las irregularidades está permitir el regreso de Odebrecht al país en 2010, después de que Carlos Pólit eliminó en forma dudosa las glosas. (I)