Yisa Guzmán, de 11 años, aún no sale del asombro. Una carta de su puño y letra, entregada al presidente Rafael Correa, le permitirá volver a estar con su padre.

La pequeña entregó el documento al Mandatario mientras este saludaba al público en su camino al almuerzo en el Mercado de Cepia, en el norte de Tulcán, Carchi, el pasado viernes. Con esa carta logró el indulto presidencial para su padre, Fabio Antonio Guzmán, quien estuvo sentenciado a 5 años de cárcel por contrabando de combustible.

Para la familia de Yisa, la noticia que fue anunciada por el Mandatario el sábado durante el enlace ciudadano que se cumplió en el Estadio Olímpico de Tulcán, cambió sus vidas. La ausencia de Fabio, que ya llevaba casi un año en la cárcel, les generó desesperación y angustia.

Yisa recuerda que una noche su abuela, Cruz Amelia Guzmán, le dijo que escribiera una carta al Presidente en la que le pidiera ayuda para sacar a su papá de la cárcel porque estaban sufriendo. “Cuando le entregamos la carta lo abracé (al Presidente) y nos pidió que nos sentáramos con él en la mesa a comer”.

Allí, frente al Mandatario, ella y su abuela, que la acompañó todo el día con la esperanza de cumplir el objetivo de entregar la carta, le contó el caso de su padre. “Abrió la carta y la leyó, luego nos dijo que estuviésemos tranquilas, porque ya lo sacarían a mi papá”, cuenta Yisa.

Siempre tuvo fe en que la misiva llegaría lejos, pese al escepticismo de otras personas, quienes les decían que el Presidente no hacía caso y andaba bien resguardado.    

Doña Amelia (61 años) recuerda el episodio con lágrimas: “le dije a mi nieta, vamos a entregarle; apenas él entró al mercado de Cepia le dije pásele, pásele (la carta) y supliquémosle y llorémosle, esa era la angustia nuestra. El Presidente nos dijo que estuviésemos tranquilas, que si era por combustible nos ayudaría”.

Según la mujer, es la segunda vez que intenta conseguir la libertad de su hijo a través de una carta, la primera que hicieron fue dirigida al Papa Francisco cuando arribó a Ecuador, en julio pasado, pero no tuvieron respuesta. La familia no desmayó e hizo un segundo intento, esta vez dirigido al presidente Correa.

“Ahora que viene el Presidente intentemos, él nos puede ayudar, aun cuando decían que no, había que confiar en mi Dios, nada cuesta”, enfatizó. Añadió que el Mandatario las recibió cordialmente y que les dijo que no estaba bien que a su hijo le sentenciaran a 5 años de cárcel por 40 galones.   

“Ya son 11 meses los que está separado de nosotros. Ahora damos gracias al Gobierno que nos ayudó”, dijo. Regresando en el tiempo para entender qué pasó y cómo Fabio terminó encarcelado y sentenciado a un lustro lejos de su familia, originaria del municipio de Pupiales, en el departamento colombiano de Nariño,  su madre cuenta que fue la ilusión de conseguir dinero rápido para hacerse atender por una complicación en su salud.    

La familia Guzmán Vallejo emigró desde Pupiales a Tulcán hace 4 años por falta de trabajo en su país; allá se dedicaba al jornal en las cosechas de papa y a la cocina; por el jornal recibían al día 10.000 pesos colombianos ($ 3,64).

En Tulcán, con ayuda de personas conocidas, se establecieron y consiguieron trabajo en la cantera Rocafuerte, ubicada en la salida sur de la ciudad. En el lugar Fabio se dedicó  a  trabajar en la piedra, pero la dureza de la tarea le trajo quebrantamientos en la salud y se enfermó de  dolores pulmonares, explica doña Amelia.

Con los meses, logró comprarse un carro y su hijo se ilusionó. Ella piensa que el vehículo ya había sido usado en actividades de tráfico de combustible. Relató que un día le solicitó un préstamo de $ 40 porque se iba a trabajar en el carro, “se fue a pasar combustible por primera vez y lo cogieron en un operativo policial. Cuando eso pasó nos llamó a decir que lo habían detenido y que pedía que lo dejaran  libre, pero no lo logró”.

Con Fabio sentenciado, su esposa Jeny Vallejo (28) con quien lleva casado 12 años, asumió la manutención del hogar, se dedicó a vender almuerzos a los canteristas. En el día vende entre 10 y 15 almuerzos a $ 1. “Ellos (los canteristas) no me dieron la espalda y me apoyaron; con eso mantengo a mis hijas”, cuenta la mujer.

Cuando  detuvieron a su esposo  pensó que les pedirían que abandonasen el lugar,  pero el destino quiso otro final para esta familia que ayer hubiese recibido a su ser querido si no  hubiera faltado un trámite. Para darle la bienvenida le prepararán cuy asado.   

Otra de las hijas de Fabio es Angie (12 años), quien siente una enorme satisfacción de saber que en pocas horas tendrá de vuelta a su papá.

Ella recordó que hace unos días fue a visitar a su padre a la cárcel y que le contó que entregarían una carta al presidente Correa para pedir que lo liberen a lo que él respondió que esperaba que la idea resulte. Tal fue la fe que el deseo se cumplió.

Angie estudia en la Unidad Educativa César Antonio Mosquera, en la parroquia Julio Andrade, a 15 minutos de Tulcán, y su hermana Yisa en el sector de la Estrellita, en la misma parroquia. Para entregar la carta ‘milagrosa’ al Primer Mandatario, el pasado viernes, faltaron a clases con el firme deseo de ayudar a su padre. “Le agradecemos al presidente Rafael Correa por ayudarnos”, sostuvo.

El documento firmado por el presidente Rafael Correa, durante el último enlace ciudadano, indica que se concede el indulto presidencial consistente en el perdón de la pena al señor Fabio Antonio Guzmán. Sobre él pesaba una pena de 5 años de prisión impuesta por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Carchi. 

Correa explicó que conoció del caso tras recibir la carta de una niña que solicitaba ayuda. Hasta el cierre de esta edición, Guzmán no recibía la boleta de excarcelación porque según el gobernador de Carchi, Diego Landázuri, el indultado debía realizar el desistimiento del recurso de casación interpuesto ante una instancia superior de Justicia. (I)

Legisladores analizan tabla proporcional

La Asamblea Nacional podría proponer la elaboración de una tabla proporcional para tráfico de combustibles similar a la que se expidió en el caso del microtráfico.

Esta serviría igualmente como referencial a jueces y operadores de justicia en casos de personas que sean descubiertas traficando combustibles en las fronteras.

La asambleísta Gina Godoy señaló que esperan reunirse  con el Ejecutivo para establecer un diálogo al respecto y discutir  la posibilidad de una reforma o adecuación de la ley.

Sin embargo, recordó que “se incorporó en el artículo 265 del COIP el delito de tráfico de combustibles ya que  la preocupación especialmente de los militares que protegen las zonas fronterizas, fue la del auge del tráfico de gasolina y gas licuado tanto hacia Colombia como hacia Perú, por lo que se decidió endurecer la pena como una forma de combatir este delito”.

Al respecto el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Mauro Andino, prefirió no opinar, ya que, según dijo, desconoce en qué sentido se expresó el Primer Mandatario, por eso carece de los elementos suficientes para referirse al tema. “Vamos a analizar el problema, luego de lo cual opinaremos”.

El tráfico de combustibles se castiga con pena de hasta 7 años de prisión (I)

5 a 7 años de prisión por tráfico de combustible

El artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito: Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.

En el mismo consta que la persona que en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Con la misma pena será sancionada en el caso de que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado correspondiente.

El artículo 264 de la misma normativa, en cambio, trata de la persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, por lo que será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

La misma sanción recibirán quienes sin la debida autorización utilicen los productos hidrocarburíferos o sus derivados en actividades distintas a las permitidas expresamente por la ley o autoridad competente. (I)