Como “inaudita” calificaron Priscila (22 años) y su familia la sentencia de 6 meses que recibió su agresor, Sebastián C., de 24 años. El 27 de octubre de 2018, la joven fue arrastrada por su expareja por más de cuatro cuadras por la avenida 6 de Diciembre, en Quito.

Sebastián C. le obligó a Priscila, quien tenía 14 semanas de embarazo, a acompañarlo a una fiesta en un bar. Hubo una discusión y el hombre le pegó, la pateó, la arrastró por la calle y le pisó las manos y el cuello.

El examen médico legal estableció múltiples golpes en la cabeza, brazos, manos, mamas, abdomen, piernas, incluso hasta en las uñas. El viernes 22 de febrero, en el Complejo Judicial de Calderón se realizó la audiencia de juicio.

Sebastián C. se declaró culpable del delito de lesiones por el que fue juzgado. Y, por esta razón, la jueza España del Carmen Gonzaga se acogió a un procedimiento abreviado y le dictaminó una prisión de seis meses.

Una sentencia dolorosa

Desde octubre de 2018, el agresor lleva cuatro meses privado de la libertad en el Centro de Detención Provisional de El Inca. Con la resolución de la jueza Gonzaga, Sebastián C. saldría libre en dos meses.

Priscila está asombrada. Se animó a hablar con EL TELÉGRAFO y dijo: “la sentencia es una burla, que un hombre casi me mate, mató a mi bebé y solo le den seis meses, es nada”.

Para Priscila, la resolución constituye un “insulto para lo que viví y para mi seguridad personal, si me pasa algo es culpa del Estado”.

La jueza Gonzaga, sin embargo, en su resolución solicitó que se investiguen dos delitos adicionales: violencia psicológica y aborto no consentido.

Ramiro Román, abogado de Priscila, solicitará inmediatamente que se abran estos dos procesos. Esperan que con estas nuevas diligencias se sumen las penas y Sebastián C. sea condenado a más de 7 años.

Para Priscila, que se vuelvan a realizar dos nuevos procesos para alcanzar justicia será “revictimizante”. No quiere seguir acordándose del caso, así como ver a sus padres sufrir. “La sentencia me despecha y si me matan es culpa del Estado”.

María (madre de Priscila) no sale del asombro. “Son fallas de la ley, de los legisladores porque simplemente es una sentencia muy pequeña para todo el trámite y el dolor que hemos sufrido”.

A la mamá de Priscila le preocupa que el agresor salga libre en dos meses. “Pensamos que toda la seguridad de la familia está en riesgo. No vamos a desmayar, vamos a seguir en la lucha”.

El colectivo Nina Warmi realizó un plantón en las afueras del complejo judicial. En más de una ocasión, los jueces del complejo judicial les pidieron que se callaran. No lo hicieron. Levantaron aún más fuerte su voz.

María Cristina Almeida, presidenta de Nina Warmi, se siente indignada y sorprendida por la resolución, “que no constituye una reparación para la víctima; no comprendemos cómo la justicia califica un intento de femicidio como lesiones leves”.

Sonia Andrade, de la coordinadora política de Mujeres, afirmó que son necesarias reformas legales, “no es posible que debamos morir para que nos tomen en cuenta”. (I)