Los productores agrícolas de la hacienda La Majadita ingresaron en la sala de audiencias con nerviosismo y expectativa.
Nueve años estuvieron sumergidos en una batalla legal contra el Banco Nacional de Fomento (BNF), que los puso en la lista de deudores del

Sistema Financiero Nacional por un crédito impago del que no vieron ni un centavo.

Según explicaron, el préstamo se solicitó en enero de 2010 al BNF -ahora en liquidación-, el cual entregó $ 4,8 millones para un proyecto agrícola en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.

Sin embargo, una vez depositados los valores en las cuentas de los 250 solicitantes, estos fueron congelados y transferidos a un fideicomiso administrado por Leonardo Rivas, quien presidía la preasociación en ese entonces.

El dinero debía destinarse a comprar tierras, maquinaria e insumos para el cultivo de maracuyá, pero nunca se usó para este propósito y se desvaneció en poder de los administradores.

Además, existieron irregularidades en la documentación entregada para solicitar el préstamo, pues las firmas fueron falsificadas.

Así, los asociados de la hacienda La Majadita se quedaron sin su proyecto agrícola y con una deuda que consideraban impagable.
Para remediar su situación, interpusieron un recurso de habeas data con el afán de que un juez revirtiera la circunstancia.

La audiencia se llevó a cabo el jueves 21 de marzo en la sala 203 del juzgado de la Niñez y la Familia del complejo judicial Florida Norte.
Al interior de la sala, los perjudicados esperaban su turno para ocupar la silla de testigos y exponer cómo esta situación los ha perjudicado a lo largo de casi una década.

“Algunos querían ingresar al magisterio, pero no lo conseguían porque presentaban un impedimento. Tampoco podían solicitar créditos a ninguna casa comercial”, explicó Miguel Ángel Ramos, abogado defensor de los perjudicados de La Majadita.

Añadió que pese a existir un informe de Contraloría favorable a la solicitud de los asociados, el BNF y Banecuador -el cual asumió su cartera tras entrar en proceso de liquidación- se negaban a tramitar la solicitud hasta que un juez lo ordenara.

Resolución judicial

Luego de escuchar por más de tres horas los alegatos, el juez Daniel Valverde pidió un receso para tomar su decisión.

Pasó media hora antes de que las partes sean convocadas nuevamente. Tras una breve explicación de las motivaciones de su decisión, el magistrado se pronunció.

El fallo de Valverde fue a favor de los perjudicados. Ordenó al Banco Nacional de Fomento actualizar su base de datos de deudores, corrigiendo el estatus crediticio de los agricultores. También exigió que una vez se realicen las modificaciones, se entregue un informe a su juzgado para comprobar el cumplimiento.

Además, debe entregar -gratuitamente- un certificado de estar libre de deuda a cada uno de los querellantes.

Los productores también solicitaron una indemnización por el perjuicio causado durante 9 años de litigio. Sin embargo, el juez negó la solicitud por no existir documentos que lo cuantifiquen.

Los abogados de BanEcuador y BNF se negaron a comentar sobre el tema. Ellos aseguraron que no tenían autorización para hacerlo. (I)