El mayor número de delitos denunciados y cometidos en el país es protagonizado por personas adultas. Es así como es evidente que en las cárceles actualmente hay 19.959 personas, de las cuales el 7,8% corresponde a mujeres.

Con este argumento el fiscal general, Galo Chiriboga, sustenta su oposición a la imputabilidad de menores de edad, como está contemplada en el Proyecto de Ley Integral Penal que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional.

Al menos 550 jóvenes cumplen los procesos socioeducativos en los 11 Centros de Adolescentes Infractores (CAI) que hay en Cuenca, Ambato, Esmeraldas, Guayaquil, Ibarra, Loja, Quito, Riobamba y Machala. El 95% de ellos es de género masculino y el 87% tiene una edad comprendida entre los 15 y 18 años.

La mayor cantidad de delitos que comenten los menores de edad es de tipo sexual, según datos del Ministerio de Justicia. No obstante, también hay registros sobre robo, destrucción de la propiedad, consumo de drogas y posesión  de estupefacientes y asesinatos.

Según la Fiscalía de Quito, de cada 100 denuncias por asesinato, solo el 4,7% involucra a niños o adolescentes. En Guayaquil, el porcentaje es de un 3,25. Esto demuestra que la mayor parte de delitos contra la vida es cometido por mayores de edad, explicó Doris Moreno, representante del Consejo Nacional de la Niñez.

Un promedio entre las tres ciudades más importantes del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, revela que por cada 15.008 denuncias de robo simple que se emiten contra adultos, 231 involucran a menores de edad. Estos datos corresponden a un corte entre enero y noviembre de 2011.

En el mismo lapso, en lo que se refiere a las cifras de asesinato hubo 1.265 denuncias contra adultos y 48 contra menores de edad. Igual fenómeno se registró en cuanto a violaciones, pues 1.117 investigaciones implica a mayores de 18 años y 145 a adolescentes infractores.

Actualmente, el Estado promueve una serie de proyectos de atención a la población de adolescentes infractores. Entre ellos destaca una iniciativa educativa destinada a los jóvenes para que continúen sus estudios mientras cumplen las medidas socioeducativas.

Otras se enfocan a que los menores realicen trabajo comunitario y así puedan salir del camino de la delincuencia. “La reinserción de los adolescentes infractores debe realizarse mediante tratamientos socioeducativos y no mediante penas en los sistemas penitenciarios”, dijo Moreno.