El avance de la ciencia forense planteó en países como Argentina que el registro de la Policía Judicial sea actualizado a las exigencias de la moderna investigación criminal. Los registros de ADN son una base importante en este desarrollo.

La información genética consiste en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten solo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.

El registro contará con una sección destinada a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el registro.

También habrá una sección especial para autores no individualizados, de los delitos referidos, en la que constará la información genética identificada en las víctimas de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida en el curso de la investigación que presumiblemente correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.

El registro contará con una sección especial destinada
a autores no individualizadosLas constancias obrantes en el registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que solo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de toda Argentina, en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos mencionados. Se dispondrá lo necesario para la conservación, de un modo inviolable e inalterable, de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas. La información obrante en el Registro solo será dada de baja transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial.

En el año 2012, en mi calidad de vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) en Ecuador, propuse al sistema judicial la creación de un Registro Nacional de ADN de Delincuentes contra la Libertad e Indemnidad Sexual, similar al que acaba de ser aprobado en Argentina. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura de Transición emitió informe favorable a esa iniciativa el 24 de octubre de 2012.

El objetivo es levantar una base de datos de los perfiles genéticos de todos los condenados por delitos de naturaleza sexual que se encuentran privados de su libertad en los centros de rehabilitación social de Ecuador que, según información del Ministerio de Justicia, se trataría de unas 2.500 personas; y, tomando en cuenta que la Fiscalía General del Estado ha avanzado en el fortalecimiento de sus capacidades investigativas a través de la implementación de laboratorios de ADN, así como de centros forenses en distintas provincias, sería lo ideal que dicha institución se encargara de la implementación del Registro Nacional de ADN de Delincuentes contra la Libertad e Indemnidad Sexual.

Para hacer realidad esta iniciativa solo se necesita la voluntad de las más altas autoridades de justicia del país de hacer respetar la tutela judicial efectiva de las víctimas, no se requiere reforma legal alguna y su implementación solo tomaría un par de meses.

Debemos recordar, además, que ya se ha determinado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la responsabilidad de Ecuador por no tutelar el derecho de las víctimas en el sistema judicial al no identificar ni procesar y menos condenar a los responsables de los delitos que se han denunciado. Por ende, no es solo una afectación a la dignidad de las víctimas, sino que, además, le cuesta dinero al Estado mantener su bajo nivel de resoluciones por el fondo de las denuncias presentadas en la Fiscalía, siendo urgente dotar a los cuerpos investigativos penales de todas las herramientas que se traduzcan en eficiencia y eficacia de la persecución penal pública.

La reforma penal en discusión en la Asamblea genera la oportunidad para eliminar obstáculos burocráticos que ritualizan las investigaciones y mejorar los procedimientos para que el sistema penal,durante las indagaciones previas e instrucciones fiscales, pueda dar respuestas de calidad a las víctimas.