Los perjudicados por la estafa masiva -atribuida  a la empresa inmobiliaria “Grupo 10 Estrellas”-  llegaron ayer  hasta la Fiscalía General del Estado  para exponer su preocupación  en relación al proceso judicial que se sigue  en este caso. 

Eran cerca de las 08:00 cuando  realizaron la entrega  formal de una carta firmada por  los afectados frente a la posibilidad de que el juez imponga  una  fianza para que el dueño de la empresa, Julio Diez, quede en libertad. 

Alejandro Fuentes, asesor legal de la Fiscalía, indicó que al ser la estafa un delito de prisión y no reclusión mayor, dentro de las leyes  hay  la posibilidad de una fianza.

Sin embargo, mencionó que por ser un delito de acción pública y haber causado conmoción en la sociedad, la Fiscalía estará pendiente para  tratar de evitar que cualquier resolución   pueda provocar la fuga del país del principal implicado.

Humberto Zapata, uno de  los afectados,  mostró su indignación al contar que   antes de entregar los  10.000 dólares para  reservar una casa, decidió investigar si la inmobiliaria presentaba alguna irregularidad.

Primero  se acercó a la Superintendencia de Compañías para asegurarse de la legalidad de la empresa. Ahí, según Zapata, le dijeron que la inmobiliaria tenía todos los papeles en regla y  no había ninguna anomalía.  Para eliminar cualquier  duda,  se acercó a la agencia del  Banco   Pichincha, entidad bancaria  en la que  todos  debían  realizar sus depósitos, y ahí le reiteraron  que todo estaba en orden con el  “Grupo 10 Estrellas”.

Fuentes indicó que  si una empresa tiene los papeles en regla, es difícil     que haya un posible daño o estafa a las personas.

“Se manejan estándares y garantías de funcionamiento, pero la Superintendencia  de Compañías no hace investigaciones a nivel internacional de empresas o empresarios. Sin una demanda o queja presentada es difícil darse cuenta”, dijo.

Otra de las quejas provino de Edwin Porras, quien pidió se investigue y sancione a un fiscal del cantón Rumiñahui.
Dijo que ese funcionario  se habría  negado a dar trámite a las denuncias  de estafa, presentadas hace ocho meses por varias personas.  “Si ese fiscal  hubiera actuado bajo ley, no estuviéramos tantos afectados aquí”,  indicó Porras.

Otras personas también hicieron públicos los nombres de empleados de la inmobiliaria,   según algunos perjudicados, que eran quienes   ejercían presión  sobre los interesados en las viviendas    para que hagan los depósitos   rápidos.

De esa manera pidieron  que   Shirley  Díaz, del Departamento Financiero, y Marco Naranjo, captador de dinero, sean vinculados al proceso.

Fabián Castillo, secretario de la directiva de afectados, manifestó  que los 200 perjudicados depositaron su confianza en una  compañía, que les mintió. “Muchos vendimos nuestros   bienes con el afán de comprar una propiedad, ahora necesitamos  sentirnos amparados en nuestro Gobierno”, resaltó.

Raúl Garcés, también asesor de la Fiscalía, indicó que después de la audiencia de formulación de cargos   sigue la indagación previa, que es de 90 días, en la cual se deberá recopilar   la información necesaria: evidencias,  testimonios de empleados y perjudicados.

Posteriormente se procederá   a  la instrucción fiscal para así  determinar el grado de responsabilidad de   los involucrados.

Representantes de la Fiscalía  explicaron que ante un mal negocio o hecho de estafa particular,  el Estado debe propiciar posibles soluciones. Sin embargo,   no puede asumir directamente la compensación económica de los afectados.