Profesionales de derecho que patrocinan causas por siniestros de tránsito señalan la falta de cumplimiento en plazos y términos establecidos en la ley, entre los principales factores que estancan los procesos para ejecutar diligencias y peritajes que servirán para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Manuel Santos, abogado en libre ejercicio, indicó que otro de los factores que estancan los procesos indagatorios y los judiciales en materia de tránsito es la falta de fiscales que atienden. Y coincidió en que el problema más grande es que Fiscalía y Judicatura no se apegan a los plazos para realizar una diligencia investigativa o una audiencia.

“Dejan sobrepasar eso y la gente reclama y no porque la Fiscalía o la Judicatura quieran mantener en un margen de espera a los usuarios, sino porque hay carencia de fiscales, jueces y auxiliares que les ayuden a preparar los escritos y las notificaciones, para que se puedan realizar las indagaciones  correspondientes”, remarcó.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que para realizar una indagación previa en un procedimiento directo, la etapa de instrucción fiscal debe durar 10 días, pero en provincias como Esmeraldas se identificó que lo ejecutan en 65 días. “Esto lleva a que todo el proceso se alargue y ,a lo mejor, quede en la impunidad”, dijo Santos.

Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, la aplicación del marco legal vigente es algo que quedo más en el papel que en la práctica. Esto, en parte, debido a la carga procesal que actualmente tienen los operadores de justicia, pues rebasa sus capacidades de respuesta a las necesidades ciudadanas.

“Seguimos teniendo una ínfima cantidad de fiscales, un equipo técnico policial de investigación de accidentes con pocos recursos y personal, con poca capacidad técnica para efectivamente responder estos temas”, resaltó.

Explicó que, de acuerdo con la ley, las unidades de tránsito estaban pensadas para atender 24 horas y los 365 días del año, lo que no ocurre, más aún si el siniestro se da fuera del perímetro urbano de las principales ciudades.

“La evidencia o el resultado de la poca presencia de estas autoridades es que la tasa de mortalidad y morbilidad producto de los accidentes de tránsito no ha disminuido”, acotó.

Buendía dijo que en un estudio realizado en Quito en 2017, durante un mes en una de las unidades de la Fiscalía de Tránsito, solo llegaron a sentencia 20 casos.

“Mucha gente, como no tiene respuesta, deja que los trámites mueran por inanición, porque más costoso es el trámite en términos económicos, de tiempo y de revictimización, que el propio accidente. Entonces, la impunidad comienza a reinar”, comentó.

A su criterio, deben haber procesos de auditoría procesal para conocer en dónde están los nudos críticos y poder subsanarlos, mejorar el equipamiento de los investigadores de accidentes, así mejoraría la atención a la ciudadanía. (I)