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Lucha contra la corrupción

Avioneta genera nuevo hilo de corrupción

Fuselaje de la avioneta que se estrelló en Parú. Autoridades indicaron que se conformó una Junta de Investigación.
Fuselaje de la avioneta que se estrelló en Parú. Autoridades indicaron que se conformó una Junta de Investigación.
Foto: @Cupsfire_gye
09 de junio de 2020 - 00:00 - Redacción Justicia

El accidente de una avioneta ecuatoriana pone al descubierto otro hecho dentro de los casos de corrupción que se suscitaron durante la emergencia sanitaria. Una nave con cuatro personas se estrelló en el centro poblado El Bendito de la provincia de Zarumilla, en Tumbes (Perú).

La comisaría sectorial informó que el hecho se registró a las 06:30. A bordo iban cuatro tripulantes. La tragedia dejó una persona fallecida. Información preliminar señaló que se trataría del piloto. Las otras tres fueron trasladadas al hospital de Tumbes.

El Diario La República de Perú, informó que los heridos fueron identificados como Jocelyn Daniela Melles Zambrano, Abraham Muñoz Véliz y César Nicolás Rodríguez Fontecilla. Inmediatamente se conformó la Junta Investigadora de Accidentes con el Servicio de Búsqueda y Salvamento.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, señaló que la Policía de Ecuador apoya en las labores. A través de su cuenta en Twitter alertó que esto se debe a que “entre los heridos se encontraban dos personas relacionadas con la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos”.

En rueda de prensa ofrecida en Guayaquil la semana pasada, Romo informó que la Cartera de Gobierno y la Policía Nacional apoyarán el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, que conformó la Fiscalía General para investigar casos de corrupción.

Vuelo con irregularidades

En las primeras investigaciones de los peritos a cargo del accidente saltaron varios datos que evidenciaron irregularidades en el vuelo, lo que hace refuerza la teoría de que se trata de un intento de fuga, señalaron las autoridades locales.

En primer lugar, la Dirección de Aviación Civil (DAC) en Ecuador confirmó que la nave -que tenía pintada bandera ecuatoriana en la parte posterior- tenía como numeración original HC-BLO PIPER PA-32. No obstante a la hora del accidente constaba el código HO-BCQ como identificación.

En segundo lugar, el registro de vuelo detallaba que la ruta era desde Guayaquil hacia Roblemar, al sur de la Isla Puná. Sin embargo, el accidente se registró a menos de 30 minutos de distancia de la frontera con Ecuador.

En tercer lugar, en el interior no se encontró ningún registro o documento habilitante del viaje a territorio peruano, pero sí habían maletas con ropa advirtió la Policía en declaraciones a Diario Perú 21.

Empresario, dueño de la nave

Según los registros de la DAC, la aeronave, bajo su placa original, se encuentra a nombre de la compañía Granjas Marinas. Según la Superintendencia de Compañías, la firma se dedica a labores de comercio de camarón; sus accionistas son los hermanos Adum Boschetti, hijos de Alfredo Adum Ziade.

Este último fue administrador de la compañía y miembro del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), cercano al expresidente Abdalá Bucaram, quien se encuentra con arresto domiciliario por tenencia de armas y también fue señalado por un hecho de corrupción en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

A través de su cuenta de Twitter, Adum Ziade señaló que no puede dar declaraciones sobre la avioneta accidentada “para no entorpecer las investigaciones” que están en manos de las autoridades de Aviación Civil y judiciales. “Es un tema muy grave”, refirió.

Sin embargo, informó que el piloto titular de la avioneta HC-BLO, registrado en la DAC y en la póliza de seguro es el capitán Franklin Lara Sarmiento, quien se encuentra prófugo.

Mascarillas: Fiscalía pide fecha para formular cargos

La Fiscalía General informó este lunes 8 de junio de 2020 que solicitó día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de Miguel Ángel L., exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y siete personas más, entre ellos funcionarios de la institución de la entidad de salud.

Esto, luego de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reactivara los plazos judiciales y términos previstos en la ley para las unidades judiciales y tribunales penales.

Las ocho personas están señaladas por presunto peculado en la adquisición de insumos. En marzo pasado, Diana Salazar, fiscal General de la Nación dispuso que se abra una investigación previa por posibles irregularidades en el contrato de insumos médicos como mascarillas con la empresa Amantop S. A., para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. (I)

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