La vida de Mariana Arzube Franco y su esposo Vicente Ibarra Lara se ha convertido en un lento y cansado peregrinaje  en busca de una justicia que tras casi 3 años aún no se vislumbra. El vía crusis de esa pareja se originó el 13 de septiembre de 2009, cuando su hija Sandra León Arzube, de 35 años,  falleció a consecuencia de un presunto maltrato intrafamiliar. Entonces ellos quedaron  al cuidado de sus tres pequeñas nietas.

Sin embargo, el padre de las menores y a quien los esposos señalan como el responsable de la muerte de Sandra,  Tin Rogelio Castro, insiste en llevárselas con el, por lo que los abuelos maternos iniciaron una pelea legal por la tutela.

Ese litigio conllevó, hace 4 meses, a que Alemania Centeno, jueza Primera de la Niñez del Guayas, dentro del expediente 6924-2009, conceda la tenencia de las menores a su progenitor y emita una orden de apremio contra la señora Mariana Arzube Franco, lo que la  obligó a huir, junto con su esposo y las pequeñas, por diversos puntos del país, radicándose actualmente en Quito.

Vicente Ibarra comentó con pesar, que sus nietas han perdido el año lectivo, puesto que tuvieron que abandonar los planteles educativos para evitar ser retenidas y llevadas con su padre, a quien lo catalogan como una persona violenta.

Con lágrimas en los ojos la pareja relató que Castro supuestamente obligó a su esposa a mantener relaciones sexuales, a pesar de haber transcurrido apenas 20 días de que le practicaron una cesárea.

Como consecuencia del presunto  ultraje y de las arduas tareas del hogar, situado en una zona rural del cantón Daule, Sandra León contrajo una fuerte infección vaginal que no fue tratada a tiempo.

La hija mayor de Castro, actualmente de 14 años, relató, en una audiencia reservada ante el fiscal Roberto Castro, que fue testigo en innumerables ocasiones como su padre maltrataba a su mamá, tanto física como sexualmente.

Supuestos abusos

Indicó, además, que a ella y a su hermana -en ese entonces de 9- también las maltrataba,  y cuando su madre intervenía, la arrastraba y la golpeaba. Sin embargo, Olga Lapierre Rodríguez, encargada del Juzgado Primero, señaló que en una primera audiencia la menor no dijo nada en contra de su progenitor y no fue sino hasta una segunda diligencia en que cambió su versión.

La funcionaria destaca que desde que la madre de las niñas falleció, ellas han convivido con los abuelos, por lo que presume que pudieron haber sido inducidas a declarar en contra de Castro.

El juicio actualmente se ventila en la Segunda Sala de la Niñez y Adolescencia, puesto que los abuelos que presentaron la demanda por la tutela de las niñas apelaron la providencia y solicitan que esa disposición sea revocada hasta que la Sala emita un fallo por el recurso de apelación y nulidad.

Sin embargo, la funcionaria judicial indicó que la revocatoria de efecto devolutivo no procede y que ante la ausencia de la madre, es el padre vivo quien debe hacerse cargo de las menores.

Además, argumentó, que los informes técnicos y psicológicos de entidades como el Infa, Dinapén y de la misma judicatura señalan que el padre es idóneo para la tutela de sus hijos, ya que no se demostró antecedentes de violencia o maltrato contra las menores, ni que sea irresponsable con la  manutención.

Otro de los casos que recorren los juzgados de la Niñez y Adolescencia es el presentado por Cecilia Pérez Amay, en abril de 2006.

La mujer es abuela de dos niños: una de 14 años y un varón de 10, con quienes vive desde   mayo de 2007, cuando  se dictó una resolución a su favor sobre  la tutela de sus nietos, emitida por el Juzgado Séptimo.

La mujer relató que viajó hasta la isla San Cristóbal, en Galápagos, para recuperar a los niños, sin embargo, pocos días después, el mismo juez acepta la modificación de la tutela solicitada por la madre de los menores e hija de la demandante.

Juicio 2086 - 2006

Según señala el juicio  2086 - 2006, la madre de los niños, de nombres Betsy Loor Pérez, de 26 años, trabajaba en una discoteca  y  vivía con los menores en un cuarto situado en la parte superior de ese  local, “exponiéndolos a una situación de riesgo”. La demandante asegura que en diligencias judiciales, los menores relataron que han visto a la madre ebria y en compañía de muchos hombres.

Antes de viajar a Galápagos, donde Loor supuestamente contrajo matrimonio por conveniencia para obtener la residencia, según indicó su propia madre, la mujer “dejaba a los niños botados, los dejaba bajo llave, sin comer, no los enviaba a la escuela y los tenía sucios”, enfatizó. Pérez no está de acuerdo con la modificación de tutela de sus nietos y teme que su hija les dé una “mala vida” en el caso de que regresen con ella.

Maribel Zúñiga, psicóloga que trató a los niños cuando la demandante los recuperó, indicó que los fallos judiciales no son suspensivos sino que tienen efecto devolutivo, lo que quiere decir que el caso puede seguir indefinidamente, cada vez que las partes presenten un nuevo requerimiento o modificación.

Zúñiga agregó, además, que en los diferentes juzgados son recurrentes las demandas de tutela interpuestas por abuelos y tíos, pero  la prioridad la tendrán los progenitores, siempre y cuando demuestren idoneidad y estabilidad física, emocional y psicológica.