Un niño pide una pizza, una salchipapa y un pincho; otro dice ser el presidente de Estados Unidos y uno más canta un reguetón. Adultos llaman a denunciar que les cobraron $ 0,10 más en una recarga, a pedir la hora y a decir que no hay papel en el baño.

Esos son tan solo algunos ejemplos del mal uso que tanto menores como mayores de edad han hecho de la línea de emergencia ECU-911.

Del 12 de marzo al 15 de abril de 2020, la entidad recibió 1’303.056 llamadas y solo el 51% fueron reales (ver recuadro).

Juan Zapata, director nacional del Servicio Integrado de Seguridad Ciudadana ECU-911, manifestó que el mal uso supera el 50% en los centros de operaciones de Manabí, Nueva Loja (Sucumbíos), Tulcán (Carchi), Esmeraldas y Loja.

El funcionario agregó que en marzo se suspendieron 11.433 líneas, pero las personas sacaban una nueva y la sanción dejó de ser efectiva.

Ante esto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) resolvió establecer sanciones económicas para quienes utilicen inadecuadamente el 911 y 171.

Quien por primera vez haga mal uso de las líneas será sancionado con $ 100 y si reincide la multa aumentará a $ 400 (un salario básico).

“Se ha tomado la decisión de no suspender las líneas porque se podría impedir que llamadas de emergencia se hagan”, indicó María Paula Romo, ministra de Gobierno.

Agregó que al término de la emergencia sanitaria los valores de las multas se reflejarán en las planillas por servicios telefónicos.

El fiscal César Peña explicó que el mal uso de la línea de emergencia no es considerado delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y por eso se toman esas medidas.

La normativa considera como contravención de cuarta clase (art. 396) cuando se da un aviso falso de emergencia e implica movilización de recursos. La sanción, en ese caso, es de 15 a 30 días de prisión. (I)