Los golpes que presentaba un bebé de apenas 9 meses de nacido llamaron la atención de los médicos del hospital Baca Ortiz de Quito, que dieron aviso a la Policía por sospechas de que las contusiones fueron provocadas por los padres.

Por esta razón el caso se envió a la Unidad Tercera de Pichincha, donde el juez de la Niñez y Familia, Roger Cusme, emitió medidas de protección en favor del menor, que fue enviado a un centro de acogida mientras se investiga el hecho.

A principios de diciembre una moradora de la ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, ya no aguantó más y denunció que los 2 niños de 3 y 4 años estaban encerrados varios días en un cuarto pequeño sin comida. “Les lanzaba pancito por la ventanita del cuarto a los pobres para que se alimenten, porque sus padres son alcohólicos y no los tratan bien”, manifestó la vecina a los agentes de la Dinapen que acudieron al sitio para rescatar a los menores, a los que llevaron igualmente a una casa hogar.

La coronel Verónica Espinosa, directora nacional de la Dinapen, explicó que la unidad rescató hasta noviembre de 2014 a 7.943 menores entre niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de riesgo, “intervenimos en discotecas y bares donde fueron hallados 1.723 menores al igual que rescatamos a otros 1.352 de las denominadas caídas, además encontramos a 606 niños abandonados o sometidos a tratos negligentes y descuidados”, dijo.

Espinosa indicó que la Policía retira a los menores del sitio de riesgo, “en unos casos los entregamos a sus padres antes de lo cual conversamos con ellos para que tomen conciencia del cuidado que deben tener con los hijos”.

Además, dependiendo de la situación, los menores son enviados a hogares de acogida mientras los jueces de la Niñez y Familia determinan si es necesario retirar la patria potestad a los padres para que sean entregados en adopción.

El artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que se entiende por maltrato toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, sicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera que sean los medios utilizados para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en mendicidad.

El juez Cusme mencionó que la ley protege a los menores de manera integral, cuando un menor es detectado por la Policía en situación de riesgo grave se interviene inmediatamente y los juzgados de la Niñez inician las investigaciones con un equipo especial, integrado por agentes de la Dinapen, sicólogos y trabajadores sociales, quienes elaboran un informe a base del cual los jueces dictan medidas de protección y se envía a los menores a hogares de acogida temporales.

Cusme dijo que en caso de que el menor haya sido objeto de un delito como explotación laboral, trata de personas, violación, maltrato, se notifica a la Fiscalía para el inicio del proceso judicial, “no importa si los causantes son los padres”.

Un agente de la Dinapen dijo que en diciembre se presenta el problema de los niños mendigos, “retiramos de las calles un promedio diario de 30 niños, a nivel nacional, luego explicamos a los padres que de reincidir pueden ser acusados de un delito”.