44 denuncias de extorsiones desde las cárceles se registran en 2017
Catherine recibió una llamada desde el Centro de Rehabilitación Social de Varones, Guayas N° 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral, en la que su hermano está privado de la libertad.
Un individuo que se identificó como Enrique le preguntó si era hermana de Daniel y, cuando escuchó la respuesta afirmativa, le advirtió que depositara dinero o lo matarían. La joven le contó a su madre lo ocurrido y denunciaron el hecho en la Fiscalía de Guayas.
El presidiario no solo la asustó con la amenaza, sino que le aseguró que, además, estaban convenciéndolo de que se quitara la vida porque ningún familiar lo quería. “Cabe señalar que una semana atrás mi hijo me pidió plata para comprar un colchón dentro de la cárcel, ya que le dieron uno, pero le dijeron que lo cancelara o lo golpearían”, precisó la progenitora en la denuncia asentada a finales de octubre.
En lo que va del año se verificaron 10 casos y se han registrado 44 denuncias de extorsiones que se cometen desde los centros penitenciarios. Tres de los 10 fueron en penales de Guayaquil, el mismo número se reportó en El Oro, según información de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestros, Extorsiones y Desapariciones de Personas (Dinased). La unidad indicó que hay un decremento del 13% con relación a lo reportado en el año 2016.
El modus operandi común es que los internos presionan a otros para que convenzan a sus parientes de hacer depósitos o les entreguen dinero cuando los visiten. Otra modalidad es que privados de la libertad mantienen contactos con delincuentes y controlan tras las rejas la devolución de vehículos robados.
Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manifestó que estas problemáticas son recurrentes en el sistema penitenciario mundial, no solo en Ecuador.
“A veces los familiares no colaboran y son los primeros que los ponen en riesgo al ingresar sustancias u otros artículos prohibidos. Hacemos requisas y operativos permanentemente”, indicó.
La funcionaria agregó que se requiere de la colaboración de los privados de la libertad para hablar de rehabilitación.
Adicionalmente, explicó que algunas personas son ubicadas en centros lejos de sus parientes porque se hace una valoración en salud y seguridad. “A veces acercarle significa ponerlos en conflicto porque están cerca de integrantes de otras bandas. Recordemos que hay centros regionales con pabellones específicos para personas con condenas muy elevadas”.
Uno de los operativos en los que se descubrió este delito fue a inicios de octubre. César Navas, ministro del Interior, reveló que una agrupación delictiva estafaba y extorsionaba a aspirantes a policías para garantizarles el ingreso a la institución. Entre los implicados había personas privadas de la libertad y sus parientes.
El funcionario destacó que los filtros de seguridad en los centros de rehabilitación son adecuados, pero aún hay cosas por mejorar. Destacó que frecuentemente se realizan operativos, sin embargo hay “quienes buscan la manera de burlar los controles”.
En marzo pasado, la Dinased realizó un operativo en las cárceles de Pichincha, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Napo, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Imbabura, Cañar, Azuay y Tungurahua.
Los investigadores determinaron que 67 internos estaban involucrados en este acto ilícito y fueron trasladados a pabellones con más seguridad. También se descubrió que a 51 ciudadanos les depositaban dinero en sus cuentas. (I)
