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40 exjueces denuncian a Judicatura por injerencia en sus resoluciones

El Consejo de la Judicatura cuenta con un sistema de control disciplinario de los funcionarios judiciales.
El Consejo de la Judicatura cuenta con un sistema de control disciplinario de los funcionarios judiciales.
Foto: cortesía / Consejo de la Judicatura
22 de agosto de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

La renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, exigieron ayer los representantes del Comité Nacional de Jueces contra la Corrupción (CNJCC), que agrupa a 40 exservidores que fueron destituidos, según ellos, por rechazar la injerencia de las autoridades judiciales y fiscales en las resoluciones de sus casos.

Durante la rueda de prensa, un incidente verbal se registró entre la exjueza Madeleine Pinargote y Pablo Martínez, funcionario de control disciplinario de la Judicatura, quien le gritó sinvergüenza. Ella lo acusó de persecución, presión y de ocasionar la pérdida de su bebé, ya que estaba embarazada, así como de la salida de la institución judicial. El servidor salió de inmediato.

Hernán Ulloa, integrante del comité, denunció la corrupción dentro de la Función Judicial, donde los jueces que no se sometían  a las decisiones de sus superiores eran destituidos.

Se refirió a la consigna del presidente Lenín Moreno de combatir la corrupción a todo nivel. Por ese  motivo denuncian ahora que pueden ejercer el derecho a la defensa.

La exjueza Pinargote recordó que en 2014 conoció el caso Fondo Global Construcción por presunto lavado de activos, en el cual recibió presión de la Judicatura para que acuse en esta causa, pero ella resolvió sobreseer, incluso la sala ratificó su fallo. Sin embargo, cinco funcionarios de la Judicatura allanaron su despacho buscando ese proceso. Ella fue destituida. Al momento está enjuiciada por prevaricato y enfrenta un llamado a juicio.

En 2015, otro juez presidió la audiencia de formulación de cargos en el caso Global, en la que dispuso la incautación de $ 57 millones a la empresa de construcción.

También Richard Proaño, exjuez de Familia, indicó que conoció un caso de pensión alimenticia, en el que el acusado era el procesado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, quien lo intentó sobornar y lo presionó para que dispusiera una pensión de $ 600 y no de $ 4.000 como solicitaba la demandante. Según él, por no resolver a favor de Rivera fue destituido de su cargo.

Ulloa indicó que el comité representa a 40 exjueces que fueron destituidos con la figura del “error inexcusable” en sus decisiones judiciales.

Piden la renuncia de Jalkh y demandan del presidente Moreno la designación de una comisión de auditoría a la reforma judicial. La Judicatura indicó que se pronunciará en las próximas horas sobre estas denuncias.

Además iniciarán acciones penales por los presuntos  delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión y delincuencia organizada. (I)

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