En los 3 últimos años se presentaron 132 denuncias de lavado de activos (dinero) en las diferentes fiscalías del país, de las cuales 30 se convirtieron en proceso y recibieron una sentencia.

En 2012 se registraron 30 procesos por este delito; 49 en 2013; y 53 el año pasado, que totalizan 132 causas por lavado de dinero. Como parte de estos procesos se decomisaron 20 bienes que representan unos $ 850.000.

Ante esta realidad y con la finalidad de frenar este delito cometido por las organizaciones delictivas transnacionales, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, anunció recientemente el funcionamiento de la Unidad Antilavado de Activos de la institución, que trabajará junto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Esta unidad ayudará a detectar movimientos irregulares de dinero, para así disminuir este delito, sostuvo el funcionario en su informe de resultados de la lucha contra el lavado de activos.

Asesores bancarios

La unidad se sustenta bajo los lineamientos establecidos en la Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, así como en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta dependencia estará integrada por 10 analistas y 3 fiscales (2 en Quito y 1 en Guayaquil), y será coordinada por María Augusta Conde. Además, 4 profesionales de los bancos Pichincha y Pacífico se incorporarán al grupo de trabajo, dijo Chiriboga.

Los asesores bancarios, a más de verificar las operaciones del sistema financiero y detectar irregularidades para reportarlas a la UAF, también se encargan de que no exista demora en los envíos de la información desde los bancos a la Fiscalía, explicó.

“Para combatir este delito es necesario la cooperación de instituciones como Superintendencia de Bancos, Compañías, SRI,  Aduanas y Fiscalía”, manifestó.

Efraín Vieira, presidente del Banco del Pacífico, dijo que como parte del proceso de análisis y monitoreo en su institución se analizan proximadamente 500.000 transacciones a diario.   

De estas, existen ciertas operaciones inusuales, y se efectúa un análisis más prolijo para obtener, de ser el caso, alguna respuesta, afirmó el banquero.

Antonio Acosta, presidente del Banco Pichincha, dijo que debe ser un compromiso de toda institución financiera colaborar con las autoridades de control y judiciales para prevenir el lavado de activos en el país.

Rodrigo Landeta, superintendente de Bancos subrogante, mencionó que la institución participa activamente en los procesos de la Fiscalía y que puedan tener connotaciones financieras importantes en el país. “Cuando nos llega información, la ponemos en conocimiento de la Fiscalía”, dijo. 

Las penas van de 10 a 13 años

En 2013 la Fiscalía detectó una actividad de lavado a través del sistema de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, que se conoce como el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre).

Por tanto, pidió autorización judicial para retener $ 57’000.000 en compañías conformadas para realizar estos actos ilegales.

Ecuador es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la que demostró avances en la lucha contra el lavado de activos al tipificarlo en el artículo 317 del COIP.

Las penas privativas de libertad por este delito van desde 1 a 3 años, hasta 10 o 13 años de prisión.