Los 93 policías que cumplían funciones en la provincia de Esmeraldas y que fueron separados por no pasar la prueba del polígrafo, no hallaron respuesta positiva en los tribunales de justicia, ya que sus demandas de Acción de Protección Constitucional, por lo menos en 4 casos, fueron desechadas y no serán restituidos en sus cargos.

Según los registros de causas de la Función Judicial, 9 Acciones de Protección fueron presentadas por los expolicías Edgar R. J., Carlos H. P., Jaime A. V., Christian P. T., Danny H., Damián R. L., Edwin P. C., Christian C. P. y Víctor L. L.

La mayoría de las demandas fue interpuesta en contra del ministro del Interior, José Serrano, del jefe de Personal, Guillermo Balarezo; y el comandante general de Policía, Patricio Pazmiño.

De las 9 acciones, 4 ya fueron desechadas, pero los exuniformados han presentado las respectivas apelaciones.

Otras se encuentran en trámite, ya que desde esta semana los jueces han convocado a los demandados a audiencias.

Por ejemplo para el viernes 7 de agosto está prevista la diligencia en el caso del policía Danny H., para escuchar a las partes involucradas en esta causa.

Alegatos en audiencia

Durante la audiencia efectuada en Quito, el expolicía R. J. declaró, supuestamente a nombre de sus compañeros separados, que “nosotros éramos miembros activos de la Policía Nacional del Ecuador, en calidad de oficiales de línea de la institución, y en enero de 2015 se produjo un enfrentamiento armado entre algunos miembros policiales en la provincia de Esmeraldas, que dejó como resultado la muerte de algunos policías. En el marco de esta investigación se ordenó realizar de manera obligatoria a todos los policías que prestamos nuestros servicios en el Distrito Provincial de Esmeraldas, el sometimiento a la prueba del polígrafo y a quienes no pasaron o superaron esta subjetiva prueba se nos comunicó con los memorandos de fecha 24 de marzo de 2015, firmados por el general Guillermo Balarezo Ortiz, que fuimos separados de forma definitiva y con efecto inmediato de la Policía Nacional por haber calificado no idóneos para el servicio”. Es decir que sin previo sumario administrativo o judicial se procedió a expulsarnos de las filas policiales.

Adujo R. que no tienen ninguna hora de arresto y que son padres de familia. Además, dijo que se ha violado el artículo 33 de la Constitución que indica que el trabajo es un derecho reconocido. Pese a los alegatos de la defensa del exuniformado R., fue desechada la acción de protección.

La semana pasada un grupo de 42 expolicías presentó otra demanda, esta vez por calumnias, en contra del ministro Serrano.

Gonzalo Realpe, abogado de los exuniformados, señaló que la querella penal se presentó contra Serrano por el delito de calumnias, como persona particular, “porque supuestamente con sus declaraciones afectó la honra de los policías”.

Serrano, en su cuenta de Twitter señala: “Conozco que policías desvinculados por falta de idoneidad han presentado una querella, un honor recibir ese juicio, no nos amedrentarán”. (I)