La Corte Provincial de Justicia de Santa Elena sentenció a 34 años y 8 meses de pena privativa de la libertad a Andy M., por el delito de violación y muerte de una niña de 5 años.

La fiscal Ana Luzuriaga, en audiencia de juicio desarrollada del 20 al 25 de noviembre, presentó a 30 testigos, entre ellos, familiares de la víctima y agentes de la Policía que investigaron el hecho y detuvieron al sentenciado.

También la Fiscalía expuso como pruebas documentales los informes de investigaciones, levantamiento del cadáver, autopsia, inspección ocular técnica, y reconstrucción de los hechos y la pericia médico legal.

Otras de las pruebas documentales fue el informe de ADN. Con esta pericia se comprobó la existencia del perfil genético del procesado en las prendas de vestir de la víctima.

El Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena, conformado por los jueces Milton Pozo, Pedro Ordóñez y Abdón Monroy, ordenó al sentenciado pagar 200.000 dólares como reparación integral a la familia de la víctima.

La madre de la niña continuará en el Sistema de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, de la Fiscalía General del Estado, y recibirá asistencia sicológica permanente en una casa de salud privada.

La niña, de 5 años, desapareció la mañana del 12 de mayo de 2015, luego de salir de su escuela. Según los testigos y personal docente, fue llevada presuntamente por el procesado.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el sentenciado fue la última persona que acompañó a la niña.

La Fiscalía y personal de la Policía encontraron el cuerpo de la niña el 26 de mayo de 2015, dentro de una cisterna, en el patio de la vivienda de Andy M., ubicado en la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas.

Dato:

El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de violación con pena privativa de 19 a 22 años y si se produce la muerte de la víctima con pena privativa de 22 a 27 años.

En este caso la Fiscalía alegó circunstancias agravantes según el artículo 44 del COIP, con lo que se impone la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio.