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30S: audiencia por toma de aeropuerto podría durar hasta 30 días

: Personal de la Fiscalía ingresó los cuerpos procesales para la diligencia. Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo
: Personal de la Fiscalía ingresó los cuerpos procesales para la diligencia. Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo
07 de junio de 2014 - 14:02

En la Casa de la Justicia de Carcelén (norte de Quito) se lleva a cabo la audiencia de sustentación de dictamen para 225 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) -entre funcionarios y militares- por supuesta participación en los disturbios del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Los procesados fueron convocados a las 08:30  por el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha. La diligencia se desarrolla desde las 09:00 en forma reservada por lo que no hubo acceso a la prensa ni a los familiares de los involucrados.

Personal de la Fiscalía General informó que debido al gran número de personas vinculadas el proceso legal se cumplirá en el patio de las instalación judicial. Para cumplir con un proceso ordenado, se convocarán a por grupos. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, estimó ayer que la audiencia podría durar hasta 30 días.

El proceso inició el 18 de octubre de 2010, a cargo del fiscal Iván Ron, quien tendrá que sustentar la presunta paralización de actividades durante las manifestaciones policiales, en ese día. La causa judicial contiene 151 cuerpos procesales.

A decir de Ron, en las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre se registraron desmanes por parte del personal policial  que laboraba en dichas instalaciones, lo que produjo el cierre temporal de la terminal aérea.

En este caso se encuentran alrededor de 60 abogados y 14 defensores públicos.

José Muñoz, representante legal de uno de los miembros de la FAE, aseguró que demostrará la inocencia de su cliente, como un principio constitucional. Muñoz detalló que su cliente tiene 45 años  y está cerca de salir de la institución por antigüedad, por lo que desea comprobar que no tuvo nada que ver con estos hechos.

El delito de paralización de servicios públicos está tipificado en artículo 158 del Código Penal y contempla una pena de entre 8 y 12 años de reclusión.
 

 

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