Por el delito de pérdida y no conservación de las evidencias, el juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha inició la instrucción fiscal en contra del coronel de Policía, Víctor H.C.

Se investigará la presunta responsabilidad del uniformado en el manejo de las evidencias por los hechos de la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010 (30-S).

La diligencia se desarrolló el último miércoles en la Casa de la Justicia de Carcelén, en el norte de Quito.

Fabián Salazar, fiscal del caso, afirmó que la instrucción durará 90 días, tiempo en el que se espera la recolección de pruebas. “El delito sería la no conservación de las evidencias por parte de un funcionario policial”.

Las pruebas fueron limpiadas por una empresa municipal de aseo, al día siguiente de la revuelta de los gendarmes. Luego de 3 meses se decidirá si va al juicio. El juzgado también dictó medidas cautelares de carácter personal en contra de Víctor H.C., como la prohibición de ausentarse del país.  

En la provincia del Azuay, la Sala Penal de la Corte Provincial admitió el recurso de casación a la sentencia interpuesto por la Fiscalía, para revisar el fallo judicial en el que se ratificó el estado de inocencia de 24 policías, acusados del delito de sedición (desobediencia) durante los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010.

El fiscal del caso, Felipe Córdova, indicó que en la providencia, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial se habría violado la ley por haber hecho una indebida aplicación e interpretación.

También manifestó que en ese día los procesados incumplieron sus deberes al participar en una movilización.

El delito por el que se inició la causa es de sedición sancionado en el artículo 602.4 del Código Penal anterior, con prisión de uno a tres años.