La foto data de 1992. En ella, dos agentes de seguridad del Estado peruano escoltan a un hombre joven que no deja de gritar. Lanza consignas y amenaza. Se trata de la imagen que recuerda la presentación ante la prensa de Peter Cárdenas, el segundo al mando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), encarcelado en abril de ese año y condenado, casi de inmediato y por un tribunal sin rostro, a cadena perpetua por crímenes de terrorismo agravado.

A finales del mes pasado esa foto volvió a ocupar las primeras planas de los diarios, pero esta vez para anunciar que Cárdenas recuperaría la libertad. Preso en la Base Naval del Callao, acusado de integrar el Comité Central del MRTA, bajo cuyo mando se llevaron a cabo extorsiones y asesinatos a distintas figuras públicas del Perú en la década del 80, Peter Cárdenas logró que, en 2006 y por intermedio del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, se anule su primera condena por considerarla ilegal y se lo juzgue nuevamente, obteniendo entonces una sanción de 25 años, cumplidos en su totalidad este 23 de septiembre.

Los informes de la Dirección  Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) certifican que el caso de Cárdenas no es aislado. Para este año se esperaba la liberación de 30 exintegrantes del mando medio de Sendero Luminoso y MRTA. Se calcula que en los últimos 6 años esa misma suerte han corrido otros 200 condenados por terrorismo. Y se espera que para 2020 solo estén encarcelados quienes fueron condenados a cadena perpetua, entre ellos Abimael Guzmán.

Pero el regreso a las calles de Perú de quienes formaron parte de una época catalogada como sangrienta ha generado una serie de reacciones en los actores políticos, medios de comunicación y sociedad civil en pleno.

El común denominador según el sociólogo Carlos Pazos, tiene que ver con el miedo. “La actual es una sociedad que no ha superado el gran temor que generó la guerra interna, por eso la forma de enfrentar este tipo de realidades no se relaciona con el criterio lógico de la reinserción de quien ya cumplió una pena por un delito, sino que apunta a una forma de venganza aplazada, de silencio cómplice, de heridas que no nos interesa mirar”.

En efecto. La orden de libertad de Peter Cárdenas, hasta ahora el más visible de todos los excarcelados, desató una serie de declaraciones polarizadas por la idea básica de que en Perú, quien ha sido condenado por terrorismo, cumplido su pena, y dejado en libertad, sigue siendo un potencial peligro para la sociedad.

Ketín Vidal, exjefe de la Dincote, atinó a defender esta posición recalcando que la única condición que hace respetar la orden judicial de libertad es la de vivir en un Estado de Derecho. “Nos guste o no, tenía que salir de la cárcel”, mencionó, para decir a continuación que eso no significará, en ningún sentido, que la vigilancia sobre estos sujetos sea descuidada.

Para “combatirlos ahora se debe privilegiar el campo de la inteligencia policial”, agregó.

José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior y voz oficial del Ejecutivo en este tema, tuvo una reacción similar. Habló de “no bajar la guardia” frente a quienes considera “delincuentes terroristas”, y llamó a las fuerzas del orden a estar alerta ante cualquier tipo de rebrote de violencia política.

Figura judicial de seguimiento

En Perú no existe la figura judicial de seguimiento post delictivo. Quien cumple su condena, vuelve a la calle. “Pero en el caso de los condenados por terrorismo la versión es más difícil. Es como si por su pasado no pudieran poseer, para el futuro, ningún tipo de derecho o voz, ninguna participación en un Estado que quisieron eliminar”, sentencia Pazos.

Esa es la dificultad que recalca Julio Magán, jefe del Instituto Nacional Penitenciario, cuando reflexiona por la posibilidad de reinserción que un exsenderista o emerretista tiene en la sociedad. “Es más difícil, pues ha cuestionado el funcionamiento del Estado en el pasado”, menciona. De acuerdo con la institución que dirige, en Perú el 31% de los excarcelados vuelve a cometer un delito. Para quienes cumplieron penas de terrorismo no se registra, hasta ahora, ningún caso de reincidencia.  

Pero en el ambiente nacional, avivado por los medios y su constante referencia a una posible reactivación de células senderistas o emerretistas, se percibe una desconfianza marcada frente a la posibilidad de que, una vez en las calles, la reinserción pueda ser una realidad. No se han ejecutado, desde el Estado, ningún plan o programa de acompañamiento para lograr ese objetivo. Por el contrario, salen a flote falencias crónicas en los mecanismos de vigilancia y supervisión que se deberían mantener para evitar que los delitos vuelvan a ocurrir.

La respuesta que ha quedado a la mano de la institucionalidad nacional para hacer frente al creciente rechazo a esta situación ha sido acudir, una vez más, a la ley. A pocos días de la liberación de Peter Cárdenas se emitió la Ley N° 1233 para castigar con penas de 15 a 20 años de cárcel a quienes conspiren para favorecer al enemigo, entendido este como el terrorismo. La difusión de ideas o proclamas que apoyen posiciones políticas asociadas a Sendero Luminoso y MRTA serán consideradas, desde ahora, como delito de apología al terrorismo.

Rechazo a liberar a exterroristas

Una encuesta publicada esta semana por El Comercio y ejecutada por Ipsos muestra el criterio popular ante el tema. Para el 83% de los consultados existe un rechazo total a la liberación de personas acusadas por acciones terroristas. Esa misma cantidad de gente sigue considerando que, a pesar de cumplir condena, los exmiembros de estos movimientos representan un peligro para la sociedad.

Fundado en 1984, el MRTA encarnó una lucha guerrillera de corte guevarista que puso en vilo a gran parte del país. Su cabecilla principal, Víctor Polay Campos, condenado a cadena perpetua, vio desde la cárcel la última acción que se recuerda de este grupo: la toma de rehenes en la Embajada de Japón, en 1997. Desde entonces el nombre de esta organización ha permanecido alejado del debate nacional. Una suerte contraria a la que ha tenido Sendero Luminoso, cuyo brazo político actual, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) reclama, desde 2009, la liberación de Abimael Guzmán, y ha intentado, en reiteradas ocasiones, participar en contiendas electorales recibiendo siempre el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones.

Cárdenas no volvería al MRTA

En una reciente entrevista concedida a la televisión peruana, Peter Cárdenas, hoy con 60 años, mencionó que, de tener nuevamente la oportunidad de formar filas del MRTA, no lo volvería a hacer pues esto representó “un gran fracaso”. Llamó además a los jóvenes a olvidarse de las ideas de tomarse el poder por la fuerza, sentenciando que ese no es un camino positivo. “¿Usted cree que con 60 años yo volvería a meterme al monte a disparar?”, increpó al periodista como respuesta a la inquietud de si su liberación significa para él la posibilidad de reiniciar la guerra.

Eso. El regreso de los estallidos y los secuestros, de la matanza indiscriminada de militares, terroristas y campesinos, de los cortes de luz y las balaceras, es el argumento que puebla el aire de temor que los medios de comunicación se encargan de mantener vigente en el vecino país.

“No importa que los supuestos activadores de ese panorama terrible sean, ahora, ancianos achacados por la enfermedad y la cárcel. Hay una idea persistente: el país superó sus horas amargas y no necesita tener cerca a quienes las causaron. Eso se salta por encima de cualquier posibilidad de reconciliación nacional y nos deja, a todos, dentro de una nación herida, que continúa dándole la espalda a su verdad”, apunta el sociólogo Pazos. (I)