La Dirección General de Personal de la Policía alista un plan para permitir que el porcentaje de uniformados que residen y trabajan en la misma provincia de donde son oriundos se incremente y de esta manera puedan tener una mejor relación laboral, especialmente quienes tienen esposa e hijos menores.

Esto posibilitará que los gendarmes realicen sus labores cerca de sus hogares. “La familia sufre mucho por las constantes separaciones”, comentó un sargento de Policía, quien contó que hace 4 años fue trasladado a Borbón, en la provincia de Esmeraldas, a más de 320 kilómetros de su residencia en la ciudad de Cayambe.

El uniformado recordó que laboraba en el servicio urbano en Quito cuando recibió un telegrama oficial que le indicaba que en 72 horas debía presentarse en la ciudad de Esmeraldas.

Su esposa no pudo contener las lágrimas cuando le comunicó la novedad, lo mismo ocurrió con sus hijos, de 4 y 6 años, al salir de la casa rumbo al nuevo servicio. “Esa es la vida de un policía, a veces es duro, pero tenemos que trabajar, para eso ingresamos en la institución”, dijo.

El sargento explicó que le daban 2 días franco cada 15 días, lo cual aprovechaba para ir a su casa. “El viaje de regreso me tomaba por lo menos 7 horas y gastaba en pasaje $ 10 mínimo. Al llegar solo quería descansar y no compartía con mi familia; y siempre me perdía los cumpleaños de mis hijos o fiestas especiales, como navidad o fin de año”, relató el uniformado.

Sin embargo, no todo era malo, porque disfrutó mucho de su trabajo en esa localidad. “Llegué a conocer a todos los vecinos que me expresaron su agradecimiento por el aporte a la seguridad en la zona, solo llegar a los caseríos lejanos y hacer sonar la sirena de la patrulla era un acontecimiento en las calles, los moradores salían a saludarnos como si entendieran el sacrificio que hacemos a diario”, manifestó.

Después de 2 años de servicio, otro telegrama le informó que debía salir de inmediato a Quito, donde actualmente labora. “Ahora ya estoy cerca de la familia, ojalá el próximo destino no me aleje nuevamente de la casa, expresó.

Una situación similar vivió otro uniformado, que fue destinado hace 2 años a Loja. “Cuando recibí el telegrama estaba en la Policía Judicial y la carta decía que en 48 horas debía estar en Loja. Tuve la suerte de que mi esposa se vaya conmigo, ya que tenía familia allá, que me recibió hasta que conseguí un sitio para arrendar”, indicó.

Dos años después regresó con su esposa y dos hijos a Quito a seguir con sus funciones policiales. “Ojalá ya no me muevan lejos, porque compré un departamento en Quitumbe y mi hijo va a la escuela”, indicó el gendarme.

Plan de pases

Ante esta situación, la institución planificó y coordinó un nuevo plan de pases que ya está listo, el cual considera que la noticia de un traslado se efectúe con 6 meses de anticipación para que los policías puedan organizar tranquilamente los cambios que tendrán los próximos 4 años, anunció el general Ramiro Mantilla, director de Educación, y quien ejerció la Dirección de Personal de la Policía hasta hace unos meses.

El objetivo es tener un sistema de rotación ordenado, en el que se privilegie a los policías que recién se gradúan, que por lo general son solteros. Ellos serán destinados los primeros 5 años de servicio a las provincias donde se los necesite, dijo el oficial.

Además, la Policía analiza la entrega de un bono de vivienda para el agente que se traslade con su familia a otra ciudad.

Déficit y excesos en ciudades

Los traslados de policías se los efectúan por el déficit que existe en algunas ciudades. Por ejemplo, en Cuenca laboran unos 600 uniformados oriundos de la provincia de Azuay, pero se necesitan por lo menos 2.000, dijo el oficial.

“En Ibarra hay 2.000 agentes, que son de la misma ciudad, y en el lugar solo se necesitan 900, hay un exceso, los que deben ser reubicados en zonas cercanas. En Quito hay 13.000 policías de esa localidad y no requerimos más de 8.000”, explicó Mantilla.

Según datos de la Dirección de Personal, 28.524 policías laboran en su misma provincia y esperan que con el plan que está en proceso de aprobación en el Ministerio del Interior aumente el número.

Un oficial, que reservó su identidad, indicó que el mantenerse en la misma ciudad motivó una corrupción con los pases, lo que, desde julio, indaga la Fiscalía. (I)