El censo de las 26.821 personas privadas de la libertad, para establecer su nivel de educación, laboral y salud, será una de las primeras actividades que emprenda el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este organismo garantiza la elaboración de programas integrados para viabilizar la recuperación de los privados de libertad, a través de planes de vida que serán de obligatorio cumplimiento de autoridades e internos, lo cual permitirá la reinserción social y laboral, una vez que recuperen su libertad.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, indicó que una vez superado el problema de hacinamiento con la apertura de los centros de reclusión en Guayaquil, Quito y Cuenca, se concentrarán en lograr que los internos accedan a planes de educación, trabajo, actividades culturales y deportivas, además de la opción de estudiar cualquier oficio o profesión.

Estas actividades y planes se incluirán en una hoja de ruta cuya preparación, implementación y evaluación estará a cargo del nuevo organismo técnico formado por los ministros de Justicia -que lo preside-, Laboral, Salud, Educación, Inclusión Económica, Cultura, Deporte y el Defensor del Pueblo.

Además, Zúñiga explicó que los internos deberán cumplir con cualquiera de las actividades que se desarrollarán de manera obligatoria, “ya no pasarán sin hacer nada, ya que se acogerán a un plan de vida durante su fase de reclusión, así al salir no volverán a delinquir, para lo cual estamos trabajando”.

A nivel nacional, 26.821 personas se encuentran recluidas en 31 centros de rehabilitación social, 18 centros de detención provisional y 3 casas de confianza, de las cuales 2.246 son mujeres.

Para ello, los 7 ministerios presentarán planes que se articularán en ejes de tratamiento para la reinserción en la sociedad, “por eso, nos hemos puesto el reto de cambiar la forma en que venían manejándose las cárceles”.

Durante la primera reunión del nuevo organismo, el viceministro de Educación, Fredy Peñafiel, dijo que están trabajando para garantizar a los reos acceso a la educación, “hemos iniciado programas de alfabetización hasta bachillerato, trabajamos con docentes propios del Ministerio al interior de los centros con las realidades de cada uno”.

Unos 4.646 internos han incursionado en actividades educativas, incluso 600 PPL se han inscrito para rendir examen de educación superior, “si aprueban serán tomados en cuenta en el sistema de educación superior a distancia”, indicó Peñafiel.

El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, se refirió al derecho a un trabajo que tienen los privados de libertad, por tanto el Gobierno tratará de precautelar que se cumpla, aunque “no es fácil, porque depende del nivel de educación y formación; además, hay que verificar si existe la demanda o la oferta en el mercado laboral”.

Para el efecto se realizará un censo con el objeto de averiguar qué tipo de trabajo pueden desempeñar los internos de acuerdo con niveles de educación, entrenamiento o habilidad, señaló el funcionario.

Para este fin se emprenderán capacitaciones laborales con el asesoramiento del Secap y se incluirá a las PPL que hayan iniciado una carrera universitaria o que ya tengan una profesión. “Estaremos pendientes de las ofertas en el sector público y privado, por ejemplo la señalización que utiliza el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ocupa mano de obra de reclusos de la cárcel de Guayaquil”. También se garantizará que los internos que accedan a cualquier trabajo remunerado estén afiliados al IESS, dijo Carrasco.