CNJ envió solicitudes a las autoridades norteamericanas que no responden
24 imputados fugitivos pedidos a Estados Unidos
Desde 2001 las autoridades ecuatorianas han gestionado en Estados Unidos la extradición de 24 personas implicadas en varios delitos como peculado, lesa humanidad, falsificación de documentos, tráfico ilegal de migrantes, asesinato, defraudación tributaria, quiebra, uso doloso de documento falso y atentado al pudor. Pero a pesar de que muchos de los acusados han sido plenamente ubicados en ese territorio, no ha sido posible la entrega de esas personas.
El último localizado es Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, quien fue detenido en Estados Unidos la semana pasada.
La noticia se conoció en Ecuador mediante un oficio suscrito el domingo 6 de septiembre por la Organización Internacional de la Policía (Interpol), ubicada en Washington. En el documento se informa que las autoridades de Aduana y de Protección Fronteriza de Estados Unidos efectuaron la detención.
El fiscal provincial de Azuay, Lizandro Martínez, indicó que Marcelo V.G., al igual que otros 4 acusados, están prófugos, por eso fue incluido en la lista de difusión roja de la Interpol.
Según el fiscal Martínez, se espera que inicie el trámite de extradición para que llegue a Cuenca y siga la audiencia de juzgamiento por el delito de lavado de activos, que habría cometido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera.
El fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, dijo que desde 2000 la justicia ecuatoriana ha presentado requerimientos por 18 casos en los que han sido implicadas 24 personas, por lo que la Corte Nacional de Justicia ha solicitado la extradición a autoridades de Estados Unidos.
En todos los casos se comprobó que los implicados ingresaron a ese país, pero hasta el momento no se ha respondido a ningún pedido.
Uno de estos requerimientos incluye, entre otros, a Eduardo G., procesado en el caso ‘González y otros’, por la muerte de 8 personas durante el operativo policial en una farmacia del norte de Guayaquil el 19 de noviembre de 2003.
Las investigaciones determinaron que el ex mayor de Policía habría liderado la incursión. Al momento está radicado en la ciudad de Miami y se requiere su extradición para que afronte el proceso penal.
Chiriboga explicó que el pedido de Eduardo G., al igual que los de otras 24 personas implicadas en juicios penales en el país, fueron sustentados con una resolución judicial, luego de lo cual la documentación se la entregó a las autoridades norteamericanas a través de la Cancillería de Ecuador.
Entre los más buscados prófugos ecuatorianos están los hermanos William y Roberto Isaías, sentenciados por peculado, quienes residen en Miami. En esa misma ciudad vive Pedro D., quien enfrenta sendas causas por peculado bancario y uso doloso de documento falso; el expresidente Jamil M., condenado por peculado, reside en Boston.
El ex comandante de Policía Édgar V., sindicado en delitos de lesa humanidad, está en Nueva Jersey a espera de una audiencia de migración programada para mayo de 2016.
El jurista Juan Pablo Albán, en declaraciones anteriores, explicó que la extradición es un procedimiento normalmente rápido, “pero con los Estados Unidos es una traba porque hay consideraciones políticas no solo técnicas, sin embargo al final la decisión es judicial”.
En los sistemas federales como el norteamericano, la Cancillería tramita la documentación a través del Departamento de Estado de ese país que la envía directamente a la Corte Suprema, la que a su vez delega a las autoridades judiciales del estado donde está el requerido. “Es un proceso sofisticado, ya que se canaliza por la Corte Suprema de Justicia, pero la toma de decisión le corresponde a una corte local.
Según Albán, esto toma tiempo, pero además hay un componente diplomático relevante, “los estados están ponderando hasta qué punto de la perspectiva política les conviene o no entregar a determinada persona, por ejemplo en el caso de Édgar V. existe el rumor no confirmado de que fue un oficial de enlace de la CIA, lo cual convierte su caso en una decisión política”, sostuvo.
Chiriboga aseguró en una entrevista a EL TELÉGRAFO que existe una situación de poca cooperación de las autoridades norteamericanas, “hemos hecho esfuerzos, reuniones, tenemos nuestra embajada permanentemente operando en este sistema y no hemos logrado que estas personas, que están además irregularmente desde el punto de vista migratorio en Estados Unidos, sean devueltas al país”.
Las relaciones internacionales no solo se basan en tratados, sino en reciprocidad internacional. “Si ellos no cumplen sus obligaciones entregando a estas personas, Ecuador no tendrá reciprocidad y cuando Estados Unidos solicite extradiciones de ciudadanos que requiera, esta institución se opondrá”, aseveró. (I)