El juez Sexto de lo Penal de Pichincha, Frans Valverde, acogió el dictamen fiscal y decidió vincular a otros 22 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en el proceso que se sigue por el delito de sabotaje y terrorismo.

Los militares fueron acusados de haber participado de los desmanes producidos el 30 de septiembre del 2010 luego de iniciada la revuelta policial y haber interrumpido las operaciones aéreas, lo cual, según un informe de la Contraloría, provocó pérdidas económicas de aproximadamente 44.622 dólares.

Con esta vinculación suman 225 los implicados, quienes serán indagados antes de que el fiscal Iván Ron solicite una audiencia preparatoria de juicio donde expondrá los resultados de su análisis del caso y determinará el grado de participación de cada uno de los implicados. Luego de esas diligencias, se sorteará la causa para que un Tribunal Penal la conozca y pueda sentenciar.

Hasta el momento se han realizado 7 audiencias de vinculación después de que se inició el proceso por la toma del aeropuerto el pasado 26 de marzo de 2013, en el Juzgado Decimocuarto de Garantías Penales de Pichincha, donde fueron imputados 84 militares, posteriormente se incluyó en el proceso a otro militar de la FAE.

El 23 de julio pasado el juez Frans Valverde ordenó la vinculación de cinco sospechosos más, el 21 de agosto se imputó a otros 20 detenidos; y el 19 de septiembre se sumaron otros 24 más. El viernes 18 de octubre se vinculó a 24 militares de la FAE; el 15 de noviembre a 23, y el 15 de diciembre a otros 23.

Esta última audiencia de vinculación de los 22 uniformados se realizó en la Casa de Justicia y fue declarada reservada por el fiscal del caso, Iván Ron, quien argumentó la participación de los militares en la invasión de la pista de la terminal, lo que, además, puso en riesgo la integridad física de los pasajeros, mientras que la vida del Primer Mandatario corría peligro en el hospital de la Policía, de donde finalmente fue rescatado. El juez ordenó el inicio de la indagación fiscal por 30 días y emitió medidas cautelares de prohibición de salida del país a los últimos 22 sindicados.

Aurelio Garófalo, abogado defensor de los militares, señaló que esta vinculación es nula ya que sus defendidos pertenecen a las Fuerzas Armadas en servicio activo, por lo que su juez natural debería ser el de una Corte Militar.