Una joven de 19 años fue abusada sexualmente por su padre biológico desde que tenía 6 años. Durante ese tiempo abortó 5 veces debido a los golpes en el vientre y a las pastillas que el individuo le obligaba a tomar.

Casi queda minusválida y tras eso ella y su madre son amenazadas de muerte por haber denunciado el hecho.

Gina Jácome, fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, indicó que por esta razón ambas debieron ser ingresadas al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT).

Aída G.P. también fue integrada al sistema debido a las amenazas recibidas por los familiares de la única persona que quedó detenida por el robo de su bebé.

Ella hace poco se reencontró con su hija, ya de 24 años, y pensó que así habían terminado los problemas. Pero no fue así.

En su vivienda, en el cantón Milagro, provincia del Guayas, se instaló el botón de auxilio para que los agentes acudan a cualquier llamado.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado (FGE), durante el seminario internacional de “Protección y Asistencia Integral a Víctimas y Testigos”, llevado a cabo en Quito, manifestó que “la asistencia que brinda la Fiscalía no solo consiste en mantenerlos en hogares de acogida, sino muchas veces sacarlos del país y cambiar su identidad, con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad y que ya no corran riesgos”.

Desde enero hasta marzo de este año, 2.925 son víctimas protegidas, de las cuales 2.002 son hombres y 923 mujeres.

De acuerdo con información de la FGE, las provincias en las que se brinda mayor cobertura por la gravedad de las causas son: Manabí (750), Guayas (326), Esmeraldas (267), Sucumbíos (262), Azuay (226), Carchi (136), Los Ríos (120) y Pichincha (115).

Los delitos más recurrentes por los que ingresan al sistema son: violación, asesinato, abuso sexual, trata de personas, violencia física y psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar, entre otros.

La protección no solo abarca a la víctima, sino también a su familia o a quienes estén involucrados en una causa penal, cuyas vidas afronten peligro. Incluye a jueces, fiscales o defensores públicos.

Una vez que el fiscal que investiga el caso da la alerta, psicólogos, trabajadores sociales y abogados del SPAVT analizan el caso y definen su inclusión.

La protección es durante el proceso penal y mientras su vida se encuentre en peligro. Esta asistencia es integral; es decir, implica ámbitos como lo legal, económico, laboral, educativo, psicológico y de seguridad.

De allí se requiere de un trabajo interinstitucional, en el que están involucrados ministros como el de Educación e Inclusión Social y otras entidades.

“La asistencia es solo para quienes han denunciado un delito e intervienen en un proceso penal, por lo que son objeto de amenazas e intimidación”, precisó Maggio Irigoyen, director del sistema.

Actualmente, en las 24 provincias del país existen unidades del sistema. Están equipadas con salas de entrevistas y oficinas para todas las especialidades (trabajo social, asesoría jurídica y en el área psicológica disponen de un espacio lúdico. Allí los niños víctimas de delitos, mediante el juego, pueden revelar lo que les sucedió).

Las personas favorecidas por este sistema, a su vez, tienen la obligación de colaborar con el proceso penal, mantener en absoluta reserva y confidencialidad su situación de protegido y dar al personal del SPAVT toda la información.

“No somos asistencialistas, no vamos a estar todo el tiempo en la vida de las víctimas. Por eso, es necesario que comprendan que nuestro trabajo es capacitarlos para ejercer sus derechos y no depender del Estado”, explicó Irigoyen. (I)