En los Centros de Rehabilitación de Ecuador hay 158 personas apresadas por el delito de trata de personas desde 2010. Solo en el último año fueron capturadas 48, de las cuales 4 son extranjeras y el resto es del país, según cifras de la Dirección de Indicadores de Justicia, Derechos Humanos y Estadísticas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

De acuerdo con información proporcionada por la titular de esta cartera de Estado, Ledy Zúñiga, Ecuador es país de origen, tránsito y sitio de llegada de las víctimas, tanto interna como internacional. Los principales destinos de la trata de personas son Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos.

Desde 2004, el Estado ecuatoriano declaró como política prioritaria el combate a la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual o laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niñas, niños y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores. Por ello, se creó la Comisión Interinstitucional encargada de la elaboración del plan nacional para combatir estos delitos.

Actualmente, existe una mesa interinstitucional con la participación integrada y articulada de 19 instituciones del Estado, que trabajan desde sus competencias.

Argentina Santa Cruz es la coordinadora del programa contra la trata de personas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que trabaja en esa temática en el país desde 2006 en los ejes de prevención, protección a las víctimas, investigación y sanción y cooperación interinstitucional.

Desde 2011, la OIM ha laborado con los municipios de Lago Agrio,Santo Domingo, Ibarra, Cotacachi, Otavalo, Colta y Guamote. “Seleccionamos esos sitios porque existía mayor cantidad de casos. Por temas de explotación sexual se escogieron a Lago Agrio, Santo Domingo e Ibarra, pero también queríamos sensibilizar en el país que existe la trata por la explotación laboral y por eso empezamos a trabajar con cantones con población indígena”.

La especialista indicó que en la década del 70 hubo una abultada migración de indígenas hacia otros países latinoamericanos, principalmente Colombia y Venezuela, donde se establecieron con la venta de artes y empresas textiles, luego regresaron a estos cantones y se llevaron a niñas, niños y adolescentes para que trabajaran. “Hemos sabido de casos de niños explotados sobre todo en esos 2 países, pero tenemos reportes de otras naciones, como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Perú”, dijo.

Para que se configure el delito trata de personas, que puede ser interna o externa, debe haber un traslado o desarraigo de un ciudadano. Sabemos que aquí en el país se han presentado casos con mujeres colombianas, dominicanas y cubanas, agregó Santa Cruz.

Ante la interrogante de que si los niños que trabajan aparentemente solos en las calles son víctimas de esta problemática, indicó que “si han engañado a la familia del menor para trasladarlo a otra ciudad o sacarlo de su hogar para ponerlo a trabajar podemos decir que es trata de personas, pero si está con sus padres, trabaja y vive con ellos hablaríamos de mendicidad infantil”.

Además, se encuentra en marcha una campaña de prevención que consiste en colocar carteles con mensajes en contra de este delito en los aeropuertos de Guayaquil, Quito y Cuenca; y también en las fronteras. Estos ya están ubicados en la terminal aérea de la capital.

La coordinadora del programa contra este delito dijo que está en análisis un protocolo nacional unificado para atención de víctimas de trata de personas.

Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, es uno de los oficiales que participó en la VII Cumbre de Ameripol, celebrada la semana pasada en Quito.

Moreno indicó que en Colombia se combate este delito con un trabajo de inteligencia de investigación para detectar las redes de proxenetas y traficantes de seres humanos. El delito de trata de personas es otro tipo de esclavitud en este siglo. Lamentó que en este delito también sean afectados menores.

Juan Ramón Grades, comisionado general de la Policía de Nicaragua, mencionó que en su país existe la voluntad muy clara de atender como un tema prioritario la trata de personas. Hay una coalición nacional que trabaja de forma inclusiva con todos los sectores de la comunidad. No solo de entes gubernamentales, también civiles, que participan activamente en la lucha de este flagelo. “Internacionalmente lo combatimos a través de la coordinación con otros países”.

Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México, sostuvo que en su país las autoridades de gobierno no solo trabajan con la Policía Federal, sino también con entidades que protegen a la familia.