Vinicio Carvajal, un expolicía implicado en el intento de magnicidio al presidente de la República, Rafael Correa, cumple una sentencia de 12 años de reclusión. Él tiene la esperanza de que su encarcelamiento concluya antes del tiempo establecido, por el perdón presidencial.

Carvajal es una de las 12.194 personas privadas de la libertad que cumplen una condena impuesta por los jueces de los tribunales penales. En tanto, a la espera de una sentencia condenatoria o absolutoria están 11.388 reos, procesados en diferentes causas penales, según informe del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con fecha de corte 19 de octubre de este año.

En los 63 centros carcelarios del país se encuentran asiladas 25.427 personas por diferentes delitos, de las cuales 24.756 son adultos y 671 son adolescentes, indica el reporte estatal.

En los 31 centros de rehabilitación social están encarceladas 22.725 personas, en 18 centros de detención provisional están 1.807 internos y en las 3 casas de confianza hay 224 infractores.

Además, están recluidas 489 personas por contravenciones y 685 por juicios de alimentos. Del total de internos, 1.864 son mujeres.

Según este informe, hasta el 30 de septiembre de este año estaban privadas de la libertad 29 mujeres embarazadas.

Aplicación del COIP

Según el artículo 59 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta 40 años. Esta empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión. En caso de condena, se considera el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario en su totalidad a favor de la persona sentenciada.

Desde la vigencia de esta normativa, los operadores de justicia tienen más procedimientos para sustanciar los casos y llegar en menor tiempo a una sentencia, con el fin de evitar que se caduque la prisión preventiva que tiene de duración un año; además, porque los jueces están en proceso de  evaluación sobre la producción judicial.

Precisamente, sobre el tema de fallos, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, manifestó que con la entrada en vigencia del COIP, en el sector judicial se  llega a 130 sentencias absolutorias o condenatorias por mes.

Límite de la prisión

El abogado penalista Felipe Rodríguez considera que la aplicación del COIP  funciona para que no se extienda el límite de la prisión preventiva, con lo cual subirá el porcentaje de sentenciados.

Los jueces deberían disponer la prisión preventiva como último recurso y los fiscales tendrían que ser más objetivos y solicitar esa medida excepcionalmente, manifestó.

El jurista sostuvo que la  prisión preventiva se la adopta por costumbre, especialmente en delitos como asesinato, violaciones, narcotráfico.

Reconoció que en los anteriores gobiernos la mayoría de la población carcelaria no estaba sentenciada, “incluso hubo casos de ciudadanos que estuvieron varios años presos sin recibir sentencia, recién con esta administración, cambió el panorama y se define con el COIP”.

El agente fiscal de Pichincha, Vicente Reinoso, explicó que la prisión preventiva es una medida que solicita la Fiscalía cuando existe el riesgo de que el procesado no acuda a las audiencias posteriores y es el juez quien finalmente decide la imposición de la medida de acuerdo con la gravedad del delito.

“Es falso que se pida (prisión preventiva) en toda clase de infracciones, el fiscal solicita una medida cautelar cuando los méritos de la causa o la gravedad del caso lo ameritan y en delitos menores se abstiene de solicitar esa medida”, sostuvo Reinoso.

La jueza Gladys Terán dijo que los magistrados actúan por pedido de la Fiscalía y analizan la conveniencia de dictar la prisión preventiva. Pero recordó que en el COIPexisten procedimientos más cortos como el juicio directo para delitos con sanción no mayor de 5 años o el abreviado, lo que contribuirá que en las cárceles no haya presos sin sentencia.