Desde el 9 de febrero de 2015, 104 personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos en el país,  han expuesto sus casos en la Defensoría del Pueblo, conforme a la aplicación de la Ley de Reparación de víctimas. Así lo indicó ayer Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, entidad que coordina el Programa de Reparación.

Las 104 personas forman parte de los 108 casos -con 456 víctimas- receptados por la Comisión de la Verdad, que registró los procesos de los delitos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja son las localidades que han expuesto mayor cantidad de casos.

Para el efecto, la Defensoría del Pueblo atiende a diario a las personas y cuenta con 5 abogados, 3 sicólogos y una trabajadora social.

El proceso de reparación incluye dos fases: primero, la inmaterial, a cargo de la Defensoría del Pueblo, y luego la material, que la ejecutará el Ministerio de Justicia.

Cristina González, viceministra de Justicia, explicó que la entidad estudiará los casos que sean despachados por la Defensoría del Pueblo, para que ingresen a los procesos de negociación para los montos de las indemnizaciones.

Explicó que este proceso será determinado por el Reglamento expedido para esta ley, y las compensaciones económicas se las evaluará conforme a los daños materiales sufridos por la víctima o sus familiares. Y también se tomarán en cuenta los criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para estos casos.

La indemnización está contemplada en el artículo 7 de la ley, como medidas para la reparación integral de víctimas.

El período de reparación dependerá de cada caso, pero se tratará de que se efectúe con la mayor celeridad, puntualizó la Viceministra.

Los funcionarios manifestaron que es un hecho histórico, porque el “Estado ha reconocido su responsabilidad en estos hechos”.

Ley de reparación a víctimas

La ley para la reparación a las víctimas y la judicialización de violaciones de derechos humanos se enmarca en los delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre 1983 y 2008, publicada en el Registro Oficial el 13 de diciembre de 2013.

De acuerdo con esta ley y el artículo 215 de la Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes de Ecuador y en consecuencia debe cumplir un papel fundamental en la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo creó el Programa de Reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad.

Los beneficiarios directos de las medidas reparatorias se extienden no solo a la víctima sino también a su cónyuge, parejas por unión de hecho y familiares consanguíneos hasta el segundo grado de parentesco.

Caso Basantes

Rivadeneira anunció que mañana a las 11:00 en el Registro Civil de Quito se efectuará una de las primeras reparaciones en el derecho de identidad para el ciudadano Fausto Eloy Basantes Cárdenas.